Solicitan 30 años de cárcel por caso del BCH
El caso está relacionado con la supuesta sustracción de decenas de millones de lempiras del Banco Central de Honduras, lo que lo convierte en uno de los expedientes de corrupción más relevantes dentro del sistema judicial en los últimos años.
16 de junio de 2026
El proceso judicial contra la exfiscal hondureña Francia Sofía Medina avanza hacia la etapa de determinación de la pena, luego de haber sido declarada culpable por una serie de delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos y evidencias bajo custodia estatal.
El caso está relacionado con la supuesta sustracción de decenas de millones de lempiras del Banco Central de Honduras, lo que lo convierte en uno de los expedientes de corrupción más relevantes dentro del sistema judicial en los últimos años.
El Ministerio Público solicitó una condena de 30 años de prisión y una multa millonaria contra la exfiscal Francia Sofía Medina, tras haber sido encontrada culpable por múltiples delitos asociados a corrupción, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.
La petición de la Fiscalía se presenta en el marco de la audiencia de individualización de la pena, donde el tribunal deberá definir la sentencia final que enfrentará la exfuncionaria, señalada por la sustracción de más de 88 millones de lempiras provenientes de fondos y evidencias resguardadas en el Banco Central de Honduras.
De acuerdo con las investigaciones, Medina habría participado en el manejo irregular de recursos estatales, además de operaciones que no coincidían con sus ingresos declarados, lo que derivó en un amplio expediente judicial con múltiples cargos en su contra. El caso también incluye señalamientos por falsificación de documentos y uso indebido de información dentro del sistema de justicia.
La resolución de culpabilidad fue emitida previamente por un tribunal de sentencia en San Pedro Sula, que consideró suficientes las pruebas presentadas por la acusación para establecer su responsabilidad en los hechos investigados.
La audiencia de determinación de la pena será clave para establecer los años de prisión que deberá cumplir la exfuncionaria, así como las sanciones económicas que podrían imponerse como parte de la sentencia.
Este caso ha generado amplia atención pública debido a la magnitud de los fondos involucrados y al hecho de que la acusada formaba parte del sistema de justicia, lo que ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la administración pública hondureña.
