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El viceministro de asuntos migratorios, Antonio García, confirmó que la Secretaría de Salud (Sesal) y la Secretaría de Planificación Estratégica estarían involucradas en las posibles sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a funcionarios centroamericanos vinculados con la contratación de brigadas médicas cubanas.

Las posibles sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios centroamericanos por la contratación de brigadas médicas cubanas han generado alarma en Honduras. El viceministro de asuntos migratorios, Antonio García, confirmó que las instituciones hondureñas involucradas serían la Secretaría de Salud (Sesal) y Planificación Estratégica. Washington argumenta que estas brigadas representan una forma de trata de personas y explotación laboral financiada con fondos públicos. La diputada Suyapa Figueroa respalda la postura estadounidense y denuncia la falta de controles sobre estas misiones.

Durante una reunión con la Cónsul General de EE. UU., García abordó directamente el tema y recibió confirmación de que sí hay funcionarios hondureños en la lista de sancionados, aunque no se han revelado nombres ni detalles oficiales, debido al carácter reservado con que se manejan estas medidas diplomáticas.

El funcionario explicó que las sanciones están relacionadas con la contratación de personal médico cubano, a quienes, según la versión de Washington, se les somete a condiciones laborales abusivas. “Desde su óptica, consideran que estos médicos son mano de obra explotada por el gobierno cubano, que les paga poco y capta fondos directamente de los países, considerándolo una forma de esclavitud”, señaló García.

Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), doctora Suyapa Figueroa, respaldó la decisión de Estados Unidos y calificó la contratación de estas brigadas como “trata de personas financiada con fondos públicos y una amenaza a la seguridad nacional”. La legisladora recordó que ha denunciado esta situación durante años, y enfatizó que los médicos cubanos no cuentan con certificaciones ni garantías sobre su identidad o formación profesional.

Figueroa criticó además que estas misiones precarizan aún más el trabajo médico en el país y exigió que el Estado hondureño no legitime prácticas que, desde su punto de vista, configuran una forma moderna de explotación laboral.

Las autoridades hondureñas aún no han recibido información oficial detallada sobre las sanciones, pero el tema ya ha generado tensiones diplomáticas y podría derivar en mayores repercusiones si se confirman las implicaciones de altos funcionarios en estos acuerdos de cooperación médica con Cuba.