Sesal depura planilla y separa a cientos de empleados
De acuerdo con documentación interna, la decisión responde a una revisión de la planilla institucional, en la que se identificaron múltiples casos de personal que laboraba sin respaldo contractual legal.
30 de marzo de 2026
La Secretaría de Salud (Sesal) inició un proceso de depuración administrativa que ha dejado fuera a más de 900 trabajadores a nivel nacional, tras detectar irregularidades en sus formas de contratación. La medida, oficializada mediante circulares internas, establece la finalización de funciones para quienes no cuentan con un contrato formal vigente dentro del sistema sanitario.
De acuerdo con documentación interna, la decisión responde a una revisión de la planilla institucional, en la que se identificaron múltiples casos de personal que laboraba sin respaldo contractual legal. Las autoridades sostienen que se trata de una reestructuración necesaria para ordenar el manejo de recursos públicos y garantizar transparencia en la administración.
El proceso ha generado fuertes reacciones en el sector salud. Representantes gremiales han denunciado lo que califican como una “masacre laboral”, señalando que entre los afectados habría médicos, especialistas y personal sanitario clave.
Por su parte, funcionarios aseguran que no se trata de despidos arbitrarios, sino de la finalización de vínculos laborales que nunca fueron formalizados legalmente.
Bajo esta línea, se ha explicado que muchos de los trabajadores fueron incorporados sin contratos firmados, lo que imposibilita su continuidad dentro de la institución.
Además, se ha indicado que el Estado reconocerá el pago correspondiente al tiempo laborado durante los primeros meses del año, aunque la instrucción es clara: quienes no cumplan con los requisitos legales no podrán seguir desempeñando funciones dentro de la Secretaría.
El caso ha intensificado el debate sobre la situación del sistema de salud en Honduras, donde persisten denuncias sobre irregularidades administrativas, falta de controles y conflictos laborales. Incluso, sectores médicos han advertido posibles protestas y paralizaciones si no se revisan las decisiones adoptadas.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de continuar con el proceso de ordenamiento institucional, argumentando que estas acciones buscan sanear la planilla y evitar prácticas que comprometan el uso adecuado de los fondos públicos.
La situación deja en evidencia un escenario complejo: por un lado, la necesidad de corregir irregularidades; y por otro, el impacto inmediato en la operatividad del sistema de salud y en cientos de trabajadores que ahora quedan fuera del mismo.
