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El sector obrero hondureño anunció que alista acciones legales contra la Ley de Empleo Parcial, al considerar que la normativa vulnera derechos laborales y podría afectar la estabilidad de miles de trabajadores en el país.

El rechazo a esta iniciativa no es nuevo. Desde que comenzó a discutirse en el Congreso Nacional, sindicatos y organizaciones laborales han manifestado su oposición, argumentando que el modelo de contratación por tiempo parcial —también conocido como empleo por hora— podría debilitar beneficios, reducir ingresos y generar mayor precariedad en el mercado laboral.

En las últimas semanas, distintos gremios han realizado movilizaciones y pronunciamientos públicos para presionar a las autoridades a reconsiderar la propuesta. Los trabajadores sostienen que la ley no garantiza la creación de nuevos empleos, sino que transformaría los existentes en condiciones más inestables.

Dirigentes del movimiento obrero indicaron que las acciones jurídicas buscan frenar la aplicación de la normativa, señalando que esta podría contradecir principios establecidos en la legislación laboral vigente y en convenios internacionales ratificados por Honduras.

Según los representantes sindicales, el esquema de empleo parcial permitiría la fragmentación de jornadas laborales, limitando el acceso a prestaciones como seguridad social, vacaciones y estabilidad contractual. A su juicio, esto implicaría un retroceso en derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de los años.

Además, advirtieron que el impacto sería mayor en sectores como la maquila, donde gran parte de la fuerza laboral depende de contratos formales para sostener sus ingresos familiares. En ese sentido, temen que la nueva legislación facilite la rotación de personal y reduzca las garantías laborales.

El sector obrero también hizo un llamado a las autoridades para abrir espacios de diálogo y revisar el contenido de la ley antes de su implementación, insistiendo en la necesidad de priorizar condiciones dignas de trabajo.

Mientras tanto, el tema sigue generando debate en el país, en medio de posturas encontradas entre quienes ven en la medida una opción para dinamizar el empleo y quienes la consideran un riesgo para los derechos laborales.