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La Secretaría de Seguridad de Honduras enfrenta uno de sus mayores retos administrativos y financieros tras confirmar que recibió una deuda acumulada cercana a los 3,000 millones de lempiras, una carga económica que ha obligado a las nuevas autoridades a iniciar un proceso urgente de saneamiento para garantizar la continuidad operativa de la institución.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que al asumir funciones encontraron una dependencia marcada por compromisos financieros pendientes, retrasos en pagos esenciales y varios procesos administrativos sin regularizar, una situación que, según indicó, comprometía directamente la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y otros servicios vinculados a la seguridad pública.

Entre las principales obligaciones heredadas destacan salarios pendientes para promociones recientes de agentes policiales, pagos atrasados en contratos de arrendamiento de vehículos, cuotas patronales no transferidas a sistemas previsionales, además de deudas acumuladas por consumo de combustibles y otros servicios fundamentales para la operatividad diaria de la institución.

De acuerdo con las autoridades, estos atrasos provocaron dificultades en distintas áreas logísticas y administrativas, afectando incluso la movilidad de unidades policiales y limitando recursos necesarios para el desempeño eficiente de los cuerpos de seguridad.

Velásquez aseguró que desde el inicio de la actual administración se ha trabajado en un proceso de reorganización financiera que ya ha permitido cancelar más del 50 por ciento de la deuda heredada, lo que representa un avance significativo en el intento por estabilizar la institución y devolverle capacidad operativa plena.

El funcionario también destacó que parte del fortalecimiento financiero ha sido posible gracias a un incremento superior a 1,300 millones de lempiras en el presupuesto asignado al sector seguridad, recursos que estarán dirigidos no solo a cumplir con obligaciones pendientes, sino también a reforzar equipamiento, tecnología y condiciones laborales para el personal policial.

La situación en la Secretaría de Seguridad se suma a un panorama más amplio de compromisos económicos heredados dentro de la administración pública hondureña. En las últimas semanas, autoridades gubernamentales han informado sobre pagos multimillonarios destinados a reducir la denominada deuda flotante acumulada en diversas dependencias estatales.

En ese contexto, expertos señalan que la recuperación financiera del aparato estatal será clave para garantizar estabilidad institucional, especialmente en áreas sensibles como seguridad, salud e infraestructura, donde cualquier retraso presupuestario puede tener impacto directo en la ciudadanía.

Para el sector seguridad, el reto inmediato no solo pasa por cancelar obligaciones pendientes, sino por modernizar la institución, fortalecer la presencia policial en el territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos de criminalidad y violencia que enfrenta el país.

Las autoridades han reiterado que el objetivo es dejar atrás el desorden administrativo y construir una estructura más eficiente, transparente y sostenible, capaz de responder a las demandas de seguridad de la población hondureña.