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La ministra de Salud, Carla Paredes, desmintió que el uso obligatorio de mascarilla decretado por el Gobierno tenga como propósito obstaculizar la movilización convocada por las iglesias Evangélica y Católica, prevista para el próximo 16 de agosto. La funcionaria calificó de “absurdas” las versiones que señalan un intento de boicot a la marcha mediante disposiciones sanitarias.

“Eso es pura politiquería. No tiene fundamento. Se trata de medidas preventivas para proteger la salud pública, no de limitar derechos ciudadanos”, aseguró Paredes durante una rueda de prensa, en la que también lamentó que este tipo de afirmaciones provengan de personas con formación académica. “Hay quienes solo buscan cinco minutos de fama con ese tipo de argumentos”, expresó.

Paredes explicó que el uso de mascarilla y la implementación del teletrabajo son parte de las estrategias de contención ante el aumento de enfermedades respiratorias en el país. “La mejor forma de romper la cadena de contagio es la prevención. No estamos prohibiendo marchas, solo pedimos responsabilidad”, insistió. Recomendó que quienes asistan a la jornada religiosa lleven gel antibacterial y utilicen mascarilla para protegerse y cuidar a otros.

Asimismo, la ministra hizo un llamado a que los temas de salud sean abordados por personal capacitado, como epidemiólogos y médicos. “Cuando personas ajenas a la salud opinan con desconocimiento, se politiza un tema que debería ser tratado con seriedad técnica”, advirtió.

En cuanto a las denuncias sobre falta de pruebas diagnósticas para detectar COVID-19, Paredes reconoció que hubo un desabastecimiento previo, pero aseguró que ya se están tomando medidas correctivas. “Muchos de los reactivos se vencieron porque no había demanda por la baja en los casos, pero ya se están adquiriendo nuevos insumos. Aun así, lo más importante sigue siendo el diagnóstico temprano y el manejo adecuado del paciente”, puntualizó.

Con estas declaraciones, la titular de Salud busca desactivar la controversia que ha surgido en redes sociales y algunos sectores políticos, reiterando que las decisiones del Gobierno en materia sanitaria se guían por criterios técnicos y no por intereses ideológicos o religiosos.