Salud cancela más de 3,000 contratos irregulares
Las autoridades sostienen que muchas de las plazas fueron otorgadas sin cumplir los procedimientos legales establecidos, como concursos públicos o validación por el sistema de Servicio Civil, lo que ha generado inconsistencias en la administración del recurso humano.
1 de abril de 2026
La Secretaría de Salud inició un proceso de depuración administrativa tras detectar más de 3,000 contratos considerados irregulares, medida que incluye cancelaciones y una reestructuración del personal en el sistema sanitario público.
El sector salud ha estado en el centro del debate en los últimos días debido a denuncias sobre despidos, irregularidades en contrataciones y reclamos del gremio médico, que incluso ha advertido posibles protestas a nivel nacional.
Las autoridades sostienen que muchas de las plazas fueron otorgadas sin cumplir los procedimientos legales establecidos, como concursos públicos o validación por el sistema de Servicio Civil, lo que ha generado inconsistencias en la administración del recurso humano.
De acuerdo con lo informado por funcionarios del sector, la revisión interna permitió identificar miles de contratos que no cumplían con los requisitos normativos, lo que llevó a su cancelación como parte de un proceso de ordenamiento institucional.
Las autoridades explicaron que la medida busca corregir prácticas administrativas heredadas y garantizar que las contrataciones se realicen bajo criterios legales y transparentes, evitando la asignación discrecional de plazas dentro del sistema público de salud.
Asimismo, se anunció que este proceso dará paso a una reorganización del personal, que incluirá nuevas contrataciones bajo un esquema más regulado, priorizando las necesidades reales de los centros asistenciales.
En paralelo, se indicó que algunos trabajadores que sí cumplen con los requisitos podrán ser reincorporados mediante procesos formales, mientras que otros casos quedarán sujetos a revisión administrativa.
El Gobierno sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la institucionalidad del sistema sanitario, aunque el tema continúa generando reacciones entre sectores afectados que cuestionan el impacto de las cancelaciones en la atención médica a nivel nacional.
