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SAG acusa uso político de protestas de agricultores

La SAG asegura que protestas de agricultores por crisis en arroz tienen fines políticos

11 de junio de 2025

La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, manifestó que un sector de productores agroalimentarios, en particular los vinculados al cultivo de arroz, está utilizando el conflicto actual con fines políticos. Suazo criticó que las quejas recurrentes sobre créditos y contratos agrícolas forman parte de un discurso con un componente personal dirigido en su contra.

 

“Lamento que sus comentarios sean falsos e inadecuados, les pedimos que dejen la política aparte y se sienten con la capacidad que tienen con nosotros en lugar de atacar”, afirmó la ministra sobre las constantes críticas de los productores.

 

Respecto al cultivo de maíz, Suazo aclaró que no se ha planteado la suspensión de contratos, aunque reconoció la necesidad de revisar las condiciones de los convenios. “Ya les compartimos la propuesta desde el Estado y estamos dispuestos a analizar caso por caso, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades. Para lo demás, siempre estamos con disposición de escucha y apoyo”, agregó.

 

En cuanto al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), la ministra informó avances en la entrega de préstamos, destacando que solo el lunes se otorgaron 25 millones de lempiras a productores, más otros 15 millones en Jesús de Otoro.

 

Por su parte, el director nacional de la Asociación Nacional de Productores de Granos (ProGrano), Dulio Medina, respondió invitando al Gobierno a unirse a los productores para defender la causa de un seguro agrícola, subsidios y la activación de mesas supervisoras para los convenios vigentes. Medina denunció que el sistema productivo está endeudado y criticó que el sector está siendo satanizado, mientras las autoridades no comprenden la problemática real de desarrollo productivo.

 

Otro productor expresó que lo único que buscan es ser escuchados para discutir sus demandas, que giran en torno a deudas, acceso a mercados y precios justos. También manifestaron temor ante posibles cierres o recortes a la Secretaría de Agricultura.

 

El conflicto refleja una tensión creciente entre el sector agroalimentario y el Gobierno, en un contexto donde las demandas económicas se entrelazan con acusaciones políticas, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas.

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