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Romeo Vásquez Velásquez, general en condición de retiro y figura central en la crisis política hondureña de 2009, emitió una carta pública dirigida a las Fuerzas Armadas de Honduras en un contexto de crecientes tensiones políticas.

En su mensaje, Vásquez critica duramente al actual gobierno, especialmente al partido Libre, al que acusa de utilizar el miedo como estrategia para silenciar a quienes participaron en la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya. Sus declaraciones se producen mientras continúan procesos judiciales y señalamientos contra militares retirados, lo que ha reavivado el debate sobre justicia, venganza y el papel de las instituciones armadas en la vida política nacional.

En su misiva, Vásquez hace un llamado directo a generales, oficiales, suboficiales, tropa y personal auxiliar de las FFAA, asegurando que "quieren que nos callemos, pero yo no nací para arrodillarme". Defiende que su actuar en el pasado fue con el objetivo de "defender la Constitución, salvar la democracia y evitar la dictadura".

El general señala que “lo que hoy vivimos no es casualidad”, sino una jugada estratégica impulsada por quienes hoy están en el poder, a quienes acusa de usar el miedo como arma. Vásquez también advierte que el régimen actual guarda silencio respecto a los militares que ejecutaron operaciones clave en 2009 porque “los necesita”, pero que más adelante “los traicionará uno por uno”.

Afirmando que lo que se vive no es justicia sino revancha, llama a las Fuerzas Armadas a no obedecer partidos sino a servir a la Constitución, y considera que callar ante lo que llama una injusticia sería “pisotear la verdad”.

Asimismo, el mensaje incluye un fuerte señalamiento hacia la Policía Nacional, preguntando: “¿Dónde están sus jefes, sus abogados, sus líderes?” y cuestionando la supuesta obediencia a órdenes injustas solo por complacer al poder.

La carta concluye con un mensaje de persistencia y fe: “Yo sigo en la lucha. Con fe en Dios. Con determinación. Con la mirada puesta en el futuro de Honduras”.

Las declaraciones de Vásquez surgen en un momento de alta sensibilidad política en el país, donde resurgen los ecos del conflicto institucional de 2009, y donde algunos exmilitares enfrentan procesos judiciales que sus defensores catalogan como persecución política, mientras el gobierno sostiene que se trata de justicia pendiente.