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La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, abrió un intenso debate en la esfera política y económica al prometer que, a partir del 27 de enero de 2026, todos los hondureños saldrían de la central de riesgo crediticia. Su propuesta apunta a garantizar que “nadie sea excluido del sistema financiero” y que el acceso al crédito sea universal, sin condicionamientos.

Moncada argumentó que más de 2,1 millones de ciudadanos permanecen registrados en esta base de datos, lo que a su juicio los convierte en “marginados financieros”. Aseguró que el mecanismo trata a la población “como si fueran delincuentes”, cuando, según su visión, los verdaderos obstáculos para el desarrollo económico son “los monopolios, los oligopolios y la cúpula bipartidista que controla el país”. La candidata presentó esta promesa como parte de un plan más amplio de “democratización de la economía”.

El anuncio generó una inmediata respuesta de expertos en el sector financiero. José Luis Moncada, ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y actual aspirante a diputado, calificó la propuesta como “irresponsable”. Explicó que la central de riesgo no es un mecanismo punitivo, sino una herramienta técnica que recopila información sobre los hábitos de pago de quienes adquieren créditos en el sistema financiero.

“Es un sistema que funciona de forma matemática, regulada y supervisada. Sirve para medir la capacidad de pago de los ciudadanos y dar confianza a los bancos y a los depositantes”, detalló. A su juicio, alterar o eliminar este proceso con motivaciones políticas pondría en riesgo la estabilidad económica, la seguridad de los ahorros y la confianza de los inversionistas.

El debate trasciende lo técnico y se traslada al terreno político. La promesa de Moncada apela directamente a millones de hondureños que se sienten limitados por su historial crediticio, lo que podría traducirse en un caudal electoral. Sin embargo, economistas y ex funcionarios advierten que medidas de este tipo, aunque populares en el discurso, podrían generar efectos contrarios a los que se buscan: endurecimiento en el acceso al crédito, alzas en las tasas de interés y pérdida de credibilidad del país frente a los organismos internacionales.

Además, voces críticas señalan que el planteamiento desconoce la naturaleza del sistema financiero y puede proyectar un mensaje de desconfianza hacia Honduras en materia de regulación bancaria. “Se corre el riesgo de que, por ganar votos, se comprometa la seguridad de los recursos que la gente deposita en el sistema”, insistió el ex titular de la CNBS.

El choque de posturas refleja un pulso entre la visión política de inclusión financiera, promovida por Rixi Moncada, y el enfoque técnico que defiende la solidez de las instituciones financieras. Mientras la candidata asegura que su propuesta busca justicia económica, sus críticos la ven como un riesgo que podría minar la confianza en el país y tener repercusiones directas en la economía de los hogares.

Con el inicio de la campaña electoral, el tema promete seguir en el centro del debate público, polarizando a una ciudadanía que, en buena parte, busca respuestas inmediatas a sus limitaciones financieras, pero que también enfrenta la incertidumbre de las consecuencias que estas medidas podrían provocar en la estabilidad nacional.