Riesgo de despido para Cerna y Reina por nombramientos recientes
Dos altos funcionarios nombrados en los últimos días de la administración de la expresidenta Xiomara Castro podrían enfrentar un proceso de remoción de sus cargos debido a cuestionamientos legales y técnicos, según expertos en derecho y normativa institucional.
29 de enero de 2026
Dos altos funcionarios nombrados en los últimos días de la administración de la expresidenta Xiomara Castro podrían enfrentar un proceso de remoción de sus cargos debido a cuestionamientos legales y técnicos, según expertos en derecho y normativa institucional.
Se trata de Lesly Sarahí Cerna y Eduardo Enrique Reina García, quienes fueron designados en posiciones clave justo antes del cambio de gobierno: Cerna como directora del Banco Central de Honduras (BCH) y Reina como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede). Ambos nombramientos fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los días previos a la finalización del mandato de Castro.
La decisión ha generado debate sobre su validez y pertinencia, dado que estas instituciones forman parte de pilares técnicos del sistema financiero nacional. Expertos en derecho laboral y administrativo señalan que, aunque los funcionarios ya están formalmente inscritos, el nuevo gobierno podría iniciar procesos para su destitución si se determina que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley que regula cada entidad.
De acuerdo con especialistas, el procedimiento para apartar a un director del BCH o presidente de Fosede implicaría cumplir con un debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa y una revisión judicial que pueda confirmar si se ajustaron o no a las normas vigentes. De hallarse irregularidades, las acciones podrían llevar a la cancelación de los nombramientos, aunque no sin potenciales demandas por parte de los afectados reclamando la restitución al cargo o compensaciones por salarios pendientes.
La Ley del Banco Central de Honduras exige que los miembros del directorio reúnan condiciones específicas, como experiencia en materias económicas y financieras, así como otros requisitos profesionales y de conducta, lo cual ha sido parte de los cuestionamientos públicos en este caso.
Este debate se da en medio de cuestionamientos más amplios sobre nombramientos realizados en etapas finales de la administración anterior, que algunos sectores consideran apresurados o políticamente motivados, lo que ha avivado el análisis sobre la institucionalidad y la estabilidad de organismos clave del Estado.
