Revisión estatal revela supuestas planillas fantasmas
De acuerdo con el informe presentado por la Comisión, entre los hallazgos más relevantes figura la existencia de registros de personal que habría permanecido en planilla sin evidencia clara de haber prestado servicios efectivos, lo que abre la posibilidad de estructuras conocidas como “planillas fantasmas”.
6 de junio de 2026
La Comisión Técnica Liquidadora presentó un informe preliminar en el que se exponen presuntas irregularidades administrativas y financieras en varias instituciones estatales en proceso de cierre, entre ellas la existencia de planillas fantasmas y contratos con costos considerados excesivos, como facturaciones que alcanzarían hasta 70 mil lempiras por minuto en servicios de difusión y transmisión.
La Comisión Técnica Liquidadora fue creada para ejecutar el proceso de supresión, reorganización y liquidación de distintas dependencias públicas, con el objetivo de depurar estructuras estatales, revisar el uso de recursos y trasladar obligaciones pendientes conforme a los decretos de reestructuración del Gobierno.
En este tipo de procesos, se realiza la revisión de expedientes administrativos, contratos, planillas y ejecución presupuestaria, lo que permite identificar posibles inconsistencias en el manejo de fondos públicos, así como determinar responsabilidades administrativas o posibles hallazgos que deben ser investigados por los entes de control.
De acuerdo con el informe presentado por la Comisión, entre los hallazgos más relevantes figura la existencia de registros de personal que habría permanecido en planilla sin evidencia clara de haber prestado servicios efectivos, lo que abre la posibilidad de estructuras conocidas como “planillas fantasmas”.
Asimismo, el documento detalla la revisión de contratos de servicios de comunicación y difusión financiados con fondos públicos, en los que se identificaron costos considerados elevados, incluyendo valores que, según la documentación analizada, alcanzarían aproximadamente 70 mil lempiras por minuto en transmisiones institucionales.
Los comisionados señalaron que estos hallazgos no constituyen aún una conclusión judicial, sino observaciones derivadas de la revisión técnica de expedientes, los cuales serán remitidos a los órganos competentes para su respectiva auditoría y posible investigación.
El informe también menciona inconsistencias en el control interno de recursos humanos y administrativos, así como la necesidad de verificar la trazabilidad de ciertos gastos vinculados a campañas, servicios de apoyo logístico y contrataciones externas.
Las autoridades encargadas del proceso reiteraron que el objetivo de la comisión es documentar y ordenar la información encontrada durante la liquidación institucional, dejando en manos de los entes fiscalizadores la determinación de responsabilidades o eventuales acciones legales.
Con este primer informe, el proceso de liquidación continúa avanzando mientras se amplía la revisión de otras dependencias estatales que forman parte del plan de reestructuración del sector público.
