Revelan millonaria red de corrupción: más de L 3,000 millones saqueados al Estado
Exfuncionarios, abogados, jueces y un actual diputado enfrentan cargos por orquestar un fraude multimillonario contra Honduras durante más de dos décadas.
29 de julio de 2025
La justicia hondureña da un paso clave en la lucha contra la impunidad al presentar un requerimiento fiscal contra una poderosa red de corrupción que, según investigaciones del Ministerio Público, desvió más de 3,000 millones de lempiras de fondos estatales a través de demandas ilegales y convenios fraudulentos.
La acusación fue interpuesta por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con respaldo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), y señala a una docena de personas por delitos como fraude, prevaricato judicial, uso de documentos falsos y falsificación.
Entre los imputados figuran exfuncionarios de alto rango como Lidia Estela Cardona Padilla (exprocuradora general), Martha Vicenta Doblado Andara (excoordinadora del gobierno), y Nelson Javier Márquez Euceda, actual diputado del Congreso Nacional y exsecretario de SEDECOAS. También se señala a jueces, abogados, apoderados legales y exintegrantes de organismos estatales que habrían actuado en conjunto para despojar al Estado mediante un contrato nulo y laudos arbitrales carentes de validez legal.
El caso se remonta al año 2000, cuando tras el paso del huracán Mitch se adjudicaron contratos con fondos internacionales a la empresa estadounidense DRC Inc., que no tenía autorización para operar en Honduras. Esta, a su vez, subcontrató de forma irregular a la empresa nacional NAINSA. En 2001, el cooperante internacional retiró el financiamiento tras detectar irregularidades, pero años después ambas compañías iniciaron demandas millonarias contra el Estado basadas en documentos sin respaldo jurídico.
De acuerdo con la fiscalía, se trató de un plan cuidadosamente elaborado: DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial para repartirse las ganancias y evitar litigios entre ellas, presentándose como partes distintas en los procesos. Las demandas fueron respaldadas por laudos arbitrales nulos, redactados sobre un reglamento que nunca fue publicado oficialmente.
Los jueces Irissabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Vilorio, también señalados, admitieron demandas y autorizaron pagos millonarios pese a que existían resoluciones judiciales firmes que invalidaban los laudos. Asimismo, se denunció que documentos falsos y certificados médicos irregulares fueron utilizados para evadir audiencias clave.
El requerimiento detalla que parte del dinero fue depositado en cuentas personales de los implicados y de familiares, y se usó para pagar hipotecas y realizar transferencias a funcionarios encargados de garantizar la legalidad del proceso.
Con este paso judicial, el Ministerio Público busca sentar un precedente contundente contra el desvío de recursos públicos y la complicidad institucional. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas capturas o imputaciones en los próximos días.
