Revelan contrataciones extranjeras en Planificación bajo convenio
La información fue expuesta por integrantes de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Finanzas, quienes señalaron que estos empleados no figuraban en planillas oficiales, ya que los pagos se realizaban a través de acuerdos con entidades externas.
14 de abril de 2026
Autoridades hondureñas revelaron que dentro de la Secretaría de Planificación Estratégica, durante la administración anterior, se contrataron ciudadanos cubanos y venezolanos mediante un esquema de convenios con terceros, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos.
La información fue expuesta por integrantes de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Finanzas, quienes señalaron que estos empleados no figuraban en planillas oficiales, ya que los pagos se realizaban a través de acuerdos con entidades externas.
El señalamiento se produce en medio de revisiones a instituciones del Estado tras el cambio de gobierno en 2026, luego de la salida de la administración de Xiomara Castro y la llegada del nuevo mandato encabezado por Nasry Asfura.
En este proceso, distintas dependencias están siendo auditadas para determinar posibles irregularidades administrativas o vacíos en los mecanismos de control, especialmente en áreas relacionadas con contratación de personal y uso de fondos públicos.
Además, antecedentes de cooperación internacional con países como Venezuela y Cuba han formado parte de políticas públicas en años recientes, lo que ha generado debate sobre el alcance y condiciones de estos acuerdos.
Según lo expuesto, los pagos a los trabajadores extranjeros se canalizaban mediante organizaciones no gubernamentales u otras instituciones, donde se depositaban los fondos para posteriormente realizar los desembolsos, lo que dificulta rastrear con precisión el número de contratados y los montos devengados.
Las autoridades también indicaron que existen limitaciones para obtener información detallada debido a la falta de documentación formal dentro de la institución, lo que ha complicado las solicitudes realizadas por entes contralores como el Tribunal Superior de Cuentas.
Otro de los señalamientos apunta a que parte del personal extranjero habría tenido injerencia en áreas de comunicación estatal, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un posible uso político de estas estructuras.
El caso se suma a una serie de revisiones que buscan esclarecer la gestión de recursos en instituciones públicas, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en temas clave del debate nacional.
