NACIONALES

El ambiente político hondureño se tensó aún más tras el cruce de declaraciones entre la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, y el exministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, a raíz del debate sobre la participación de la sociedad civil en la observación de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Castellanos, una de las voces más reconocidas en la lucha contra la corrupción en el país, aseguró que la observación nacional “no representa ninguna amenaza” y que más bien es una herramienta indispensable para garantizar procesos electorales transparentes y confiables. “No hay nada que temer a la observación interna, es parte de un derecho ciudadano”, declaró.

La respuesta del exfuncionario no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, Reina afirmó que la sociedad civil organizada en torno a figuras como el CNA actúa como “una sucursal del bipartidismo” y que sus agendas están vinculadas a recursos de cooperación internacional que en otros países fueron clausurados “por injerencia”. “No les tememos, les conocemos. Son los mismos que nunca se pronunciaron contra JOH”, escribió, en alusión a los cuestionamientos por corrupción durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández.

Castellanos contraatacó recordando que los intentos por excluir al CNA del proceso electoral obedecen al “temor a la transparencia”. Según dijo, “podrán cerrar espacios, pero no podrán robarnos el derecho de participar en un proceso que es de todos”. Para la directora del CNA, la sociedad civil debe mantener su presencia como observadora para asegurar que los comicios reflejen la voluntad ciudadana y no se vean opacados por prácticas irregulares.

Este intercambio refleja la creciente polarización en torno a la credibilidad del proceso electoral, en un país donde los comicios de los últimos 15 años han estado marcados por denuncias de fraude, clientelismo y baja confianza en las instituciones. La figura de la observación —ya sea nacional o internacional— es vista por distintos sectores como un contrapeso frente a eventuales irregularidades.

El CNA ha jugado un papel importante en la denuncia de casos de corrupción en los últimos años, lo que lo ha convertido en una de las instituciones de la sociedad civil con mayor respaldo ciudadano, pero también en blanco de ataques políticos. Su interés en participar como observador en los comicios busca, según Castellanos, “dar tranquilidad a los votantes y fortalecer la democracia”.

Por otro lado, sectores cercanos al oficialismo han mostrado incomodidad con el rol del organismo, argumentando que detrás de la observación hay agendas externas y sesgos políticos. Este señalamiento de Reina se suma a una cadena de cuestionamientos que, en la práctica, ponen en duda la apertura del gobierno hacia la participación de instancias independientes.

Analistas coinciden en que la disputa no es menor: el reconocimiento de la observación electoral nacional será un elemento clave para la legitimidad de las elecciones de noviembre, donde la ciudadanía espera que se respeten las reglas del juego democrático tras años de desconfianza.

En ese contexto, la confrontación entre Castellanos y Reina es vista como una muestra de las tensiones que rodean la organización de los comicios y de los obstáculos que enfrenta la sociedad civil en su intento por vigilar la transparencia del proceso.