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La implementación del registro biométrico obligatorio por parte de Conatel se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la privacidad en Honduras. Si bien la medida busca combatir delitos relacionados con la suplantación de identidad en la adquisición de chips telefónicos, la falta de claridad sobre su fundamento legal y la protección de los datos recopilados ha generado un debate nacional. La coincidencia con el año electoral añade una capa adicional de complejidad, ya que algunos sectores temen que la información biométrica pueda ser utilizada con fines políticos o electorales.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha implementado un nuevo proceso de registro biométrico obligatorio para todos los usuarios de telefonía móvil en Honduras, que entró en vigor el 1 de mayo de 2025. Esta medida requiere que los ciudadanos proporcionen datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías, al adquirir o mantener una línea telefónica móvil. La falta de cumplimiento podría resultar en la pérdida del número telefónico.

Conatel justifica esta iniciativa como un esfuerzo para mejorar la seguridad y prevenir delitos como la extorsión y el uso fraudulento de chips telefónicos mediante la suplantación de identidad. Según la entidad, el proceso de validación biométrica se realiza en colaboración con el Registro Nacional de las Personas (RNP) y no implica la creación de una nueva base de datos ni el almacenamiento de la información recopilada.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación y críticas por parte de diversos sectores. Legisladores, como el diputado Carlos Umaña del Partido Salvador de Honduras (PSH), han cuestionado la legalidad del proceso y solicitado la interpelación de las autoridades de Conatel para que expliquen el fundamento legal y técnico de la medida. Organizaciones de la sociedad civil, como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), también han expresado su rechazo, calificando la iniciativa como inconstitucional y una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.

La controversia se intensifica al coincidir la implementación del registro biométrico con un año electoral, lo que ha suscitado temores sobre el uso indebido de los datos recopilados y la posibilidad de que se cree una base de datos paralela sin supervisión adecuada. Expertos en derechos digitales y ciberseguridad advierten sobre los riesgos de que empresas privadas gestionen datos biométricos sin una regulación estricta, lo que podría derivar en la violación de derechos fundamentales.