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Un despliegue conjunto de varias instituciones del Estado se ejecutó en los mercados de Comayagüela con el propósito de frenar la comercialización de productos de contrabando y fortalecer los controles en el comercio local, una problemática que sigue afectando tanto a la economía formal como a la confianza de los consumidores.

La intervención fue coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo la conducción del ministro Eddy Ordoñez, a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC). En el operativo participaron además equipos de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Administración Aduanera, la Policía de Fronteras, el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en un esfuerzo articulado que refleja el carácter integral de la estrategia gubernamental.

Durante la jornada, las autoridades realizaron inspecciones en distintos puntos de venta, abarcando puestos de alimentos, productos procesados y mercancía de consumo general.

Los equipos técnicos verificaron documentación de origen, condiciones de almacenamiento, etiquetado y fechas de vencimiento, con el fin de identificar posibles irregularidades asociadas al ingreso ilegal de productos o incumplimientos sanitarios.

Además de la detección de mercadería de contrabando, el operativo también tuvo un componente preventivo. Personal de las instituciones brindó orientación a comerciantes sobre la importancia de cumplir con la normativa vigente, evitando sanciones y promoviendo prácticas comerciales responsables.

Este enfoque busca no solo sancionar, sino también generar conciencia en torno a los riesgos que implica la venta de productos sin control sanitario o de procedencia desconocida.

Las autoridades señalaron que el contrabando representa una competencia desleal para los comerciantes que operan dentro del marco legal, al tiempo que puede poner en riesgo la salud de los consumidores, especialmente cuando se trata de alimentos o productos que no han pasado por controles adecuados.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que se ejecuta en coordinación con la Subsecretaría de Comercio Interior, orientada a reforzar la supervisión en los mercados populares y garantizar condiciones más equitativas para comerciantes y compradores.

La articulación interinstitucional permite ampliar la capacidad de respuesta y mejorar la efectividad de los operativos en terreno.

Desde el gobierno se ha reiterado que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en distintos puntos del país, priorizando zonas de alto movimiento comercial.

El objetivo es sostener una vigilancia permanente que contribuya a reducir el comercio ilegal, fortalecer la economía formal y ofrecer mayores garantías a la población en cuanto a la calidad y seguridad de los productos que adquiere.

En medio de estos esfuerzos, las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar prácticas irregulares y a optar por comprar en establecimientos que cumplan con las disposiciones legales, como una forma de contribuir activamente a un mercado más transparente y seguro.