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Las autoridades hondureñas intensificaron las medidas de control penitenciario con el traslado de personas imputadas por asociación terrorista al módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara.

La operación fue supervisada por funcionarios de Seguridad, representantes del Congreso Nacional y autoridades policiales y militares, quienes anunciaron que continuarán las acciones para impedir que las estructuras criminales mantengan operaciones desde las cárceles.

El Gobierno hondureño desarrolla una estrategia de seguridad que contempla operativos policiales y militares, recuperación de espacios territoriales y mayores controles en los centros penitenciarios.

Uno de los objetivos anunciados es evitar que integrantes de maras, pandillas y otras organizaciones criminales continúen coordinando extorsiones, asesinatos y otras actividades ilícitas desde los establecimientos carcelarios.

Durante la visita a Támara, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el secretario de Seguridad, general Gerzon Velásquez, y el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Lacayo, conocieron los procedimientos de vigilancia, aislamiento y supervisión que funcionan en las instalaciones de máxima seguridad.

La jornada también incluyó una demostración del protocolo de ingreso de personas privadas de libertad a estos módulos, donde las autoridades explicaron las restricciones y condiciones establecidas para mantener el control de los internos.

Zambrano manifestó que la estrategia contra las organizaciones criminales continuará ampliándose mediante una mayor presencia de efectivos policiales y militares en los sectores considerados de mayor incidencia delictiva. También señaló que las instituciones que integran el sistema de seguridad y justicia deben mantener una coordinación permanente.

El titular del Legislativo detalló que el régimen contempla 23 horas y media de permanencia diaria dentro de las celdas y 30 minutos destinados a ejercicios físicos. Asimismo, explicó que los internos tendrán acceso a una hora de sol semanal y que las comunicaciones con sus abogados se realizarán mediante mecanismos controlados, con vidrio blindado y teléfonos.

Entre las restricciones mencionadas figuran la prohibición de visitas conyugales, el ingreso de alimentos desde el exterior y la recepción de dinero. Según las autoridades, estas disposiciones buscan impedir que los privados de libertad mantengan conexiones y mecanismos de operación con estructuras delictivas fuera del recinto.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, indicó que más de un centenar de personas detenidas en el marco de las recientes reformas legales están siendo sometidas al régimen penitenciario especial. Sostuvo que la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el INP es fundamental para impedir que las organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.

El funcionario también señaló que las estructuras delictivas han estado relacionadas con delitos como extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas, secuestros y desplazamientos forzados, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y aislamiento.

En tanto, Walter Lacayo explicó que los dos edificios de máxima seguridad visitados en Támara tienen una capacidad conjunta de 212 privados de libertad. De ese total, indicó que 89 personas clasificadas como terroristas ya se encuentran asignadas a estos espacios y que el proceso de ocupación continuará conforme avancen las operaciones.

El director del INP agregó que la recuperación del control penitenciario forma parte de un proceso que requiere coordinación institucional y mejoras progresivas en la administración de los centros de reclusión.

Durante la comparecencia, las autoridades también advirtieron que las personas que faciliten alojamiento, transporte, alimentación, armas o drogas a integrantes de estas organizaciones podrían enfrentar procesos judiciales, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

La visita concluyó con el compromiso de mantener las operaciones conjuntas y ampliar las acciones de seguridad en diferentes regiones del territorio nacional. Las autoridades aseguraron que la estrategia continuará enfocada en recuperar el control de los centros penitenciarios y reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales.