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Una propuesta de reforma al Decreto 46-90 ha sido planteada con el objetivo de subsanar errores técnicos y legales identificados desde su aprobación, relacionados con la delimitación de áreas protegidas y zonas urbanas en San Pedro Sula. La iniciativa busca actualizar disposiciones que, según sus impulsores, han generado conflictos de propiedad, obstáculos para el desarrollo de infraestructura y vacíos en la protección ambiental de sectores estratégicos del municipio.

Autoridades y sectores vinculados al ordenamiento territorial han expuesto la necesidad de reformar el Decreto 46-90, una normativa aprobada originalmente para delimitar áreas de protección en San Pedro Sula, pero que con el paso de los años ha evidenciado inconsistencias que afectan tanto a comunidades como a proyectos de desarrollo urbano y ambiental.

De acuerdo con los antecedentes, el decreto tuvo su origen durante la Corporación Municipal de 1986-1990, presidida por Jerónimo Sandoval, y fue presentado ante el Congreso Nacional en 1990 por el entonces diputado Carlos Kattán Salem, con el respaldo de representantes del departamento de Cortés. Sin embargo, errores en la redacción y delimitación geográfica habrían provocado impactos no previstos que hoy motivan la propuesta de modificación.

Uno de los principales puntos de la reforma está relacionado con el trazado del límite entre Chamelecón y Naco. Según se explicó, el decreto estableció esta línea siguiendo la carretera existente, ubicada entre las cotas 80 y 120 metros sobre el nivel del mar, cuando originalmente debía fijarse en la cota 200. Esta discrepancia ha afectado a más de 100 mil habitantes, incluyendo comunidades como Villa de Cofradía, que quedaron dentro de zonas sujetas a restricciones e incluso procesos de expropiación. La corrección permitiría proteger de forma más efectiva la cordillera y reducir conflictos sociales y legales.

Otro de los ajustes propuestos corresponde a sectores urbanos consolidados como las colonias Dubón, Figueroa y Bella Vista, cuyos terrenos fueron aprobados legalmente décadas antes de la creación del decreto. La actual delimitación ha generado incertidumbre entre propietarios debido a posibles afectaciones sobre terrenos con dominio pleno. Según los promotores de la reforma, la modificación eliminaría estas disputas sin comprometer el objetivo de conservación ambiental.

Asimismo, se busca corregir un error cartográfico en la zona norte, específicamente en el área de Zapotal y comunidades cercanas, donde una equivocación en la orientación del trazado incluyó sectores del valle que no debían formar parte de la zona restringida. Esta situación ha impedido a la municipalidad desarrollar proyectos de infraestructura esenciales, como la pavimentación de accesos y la construcción de tramos vinculados al segundo anillo periférico del noroeste, considerado clave para aliviar el congestionamiento vehicular.

Los impulsores de esta reforma sostienen que la actualización del Decreto 46-90 no pretende debilitar la protección ambiental, sino corregir errores históricos que han limitado el desarrollo ordenado de la ciudad y generado conflictos innecesarios entre ciudadanos y autoridades. La propuesta ahora busca respaldo institucional y consenso social para avanzar hacia una solución definitiva.