Redondo desmiente rumores sobre protocolo de niñez
Organismos como UNICEF y Human Rights Watch han instado al país a fortalecer sus mecanismos de protección, por lo que la adhesión al protocolo es vista por expertos en derechos humanos como un paso importante para ofrecer canales de denuncia más eficaces.
21 de agosto de 2025
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, desmintió de forma categórica las versiones divulgadas por bancadas opositoras respecto a la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional que amplía los mecanismos de protección a la niñez.
El parlamentario calificó de “falsas y malintencionadas” las afirmaciones que circularon en el pleno y en medios de comunicación, donde algunos congresistas aseguraron que la ratificación de este protocolo permitiría a los niños cambiar de nombre o definir su identidad de género. En particular, Redondo se refirió a las declaraciones del diputado nacionalista Tomás Zambrano, a quien acusó de tergiversar el tema con fines políticos.
Según explicó el titular del Legislativo, el Tercer Protocolo Facultativo no altera la legislación nacional sobre identidad ni estado civil de las personas. Su objetivo, aclaró, es garantizar que los menores puedan presentar denuncias ante un comité internacional de la ONU en caso de que sus derechos fundamentales sean vulnerados y no encuentren protección en el sistema judicial interno.
La polémica surge en un contexto de fuerte polarización política dentro del Congreso, donde las fuerzas opositoras han intensificado sus cuestionamientos a las decisiones de la actual administración. Para Redondo, este tipo de posturas reflejan “resistencia al avance en materia de derechos humanos” y un intento por confundir a la población.
En años recientes, Honduras ha sido objeto de observación internacional por las condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de niños y adolescentes, especialmente aquellos que enfrentan violencia, pobreza extrema y migración forzada. Organismos como UNICEF y Human Rights Watch han instado al país a fortalecer sus mecanismos de protección, por lo que la adhesión al protocolo es vista por expertos en derechos humanos como un paso importante para ofrecer canales de denuncia más eficaces.
No obstante, sectores críticos consideran que, más allá de los tratados internacionales, el Estado debe priorizar la aplicación de sus propias leyes y mejorar la capacidad institucional de organismos de protección infantil, pues denuncian que la falta de recursos, corrupción y burocracia siguen siendo obstáculos para garantizar derechos en la práctica.
Con esta aclaración, Redondo busca neutralizar lo que calificó como una “campaña de desinformación” y, al mismo tiempo, reforzar el mensaje de que Honduras está dando pasos hacia un mayor compromiso con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez.
