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Más de un centenar de migrantes indocumentados, incluidos hondureños, fueron arrestados este jueves en una redada masiva realizada en una obra de construcción cercana a la Universidad Estatal de Florida, en la capital del estado. El operativo fue ejecutado por autoridades federales y estatales en el marco de una intensificación de las medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Ron DeSantis.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó que dirigió el operativo, en el cual se detuvo a más de 100 personas. Según el comunicado oficial, algunos de los arrestados ya habían sido deportados anteriormente o contaban con antecedentes penales.

“En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal”, escribió el fiscal general del estado, James Uthmeier, en su cuenta de X (antes Twitter). “Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense”, agregó.

Entre los detenidos hay ciudadanos de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, según reportes preliminares. Videos divulgados en redes sociales por organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) muestran momentos de angustia entre los trabajadores y sus familiares. En uno de los clips, una mujer rompe en llanto al ver cómo se llevan a su esposo.

La operación se suma a una serie de redadas recientes enfocadas en el sector de la construcción en Florida, donde migrantes indocumentados suelen trabajar en condiciones vulnerables. Hace apenas dos semanas, en The Villages, una comunidad al norte de Orlando, más de 24 trabajadores indocumentados fueron arrestados en circunstancias similares.

La redada ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Florida, liderada por el gobernador DeSantis, quien ha impulsado leyes y órdenes ejecutivas para facilitar la detención y deportación de personas en situación irregular.

El mes pasado, el estado fue escenario de la mayor operación de arrestos migratorios en la historia del ICE a nivel estatal, con más de 1,100 detenciones en una sola semana, lo que refleja una tendencia preocupante para las organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Este tipo de operativos no solo separan familias, también infunden miedo y vulnerabilidad en comunidades que ya están contribuyendo al país con su trabajo”, denunció la FLIC.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres ni el paradero de los detenidos, lo que genera incertidumbre entre sus familias y organismos de apoyo. Tampoco está claro si los migrantes recibirán asesoría legal ni cuáles serán los pasos inmediatos en sus procesos migratorios.

La situación pone en evidencia las tensiones entre las políticas migratorias federales y estatales, así como los impactos humanos de una estrategia que prioriza las detenciones masivas sin atención suficiente a los derechos de los trabajadores ni a sus historias personales.