NACIONALES

La Red por la Equidad Democrática en Honduras, mostró hoy su pronunciamiento referente a la situación política que vive el país.

En ese contexto, señalan la preocupación entorno al nombramiento de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien es precandidata oficialista del gobierno para las elecciones internas y primarias de marzo de 2025.

Además, subrayan el caso de vinculación del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya con narcotraficantes.

A continuación, se adjunta comunicado:

La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) expresa su más firme y profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que están erosionando aceleradamente la estructura democrática del país. Nos encontramos en un momento crítico en el cual, la convergencia de decisiones y acciones cuestionables por parte de las autoridades, amenaza con llevar a Honduras de nuevo a una crisis de gobernabilidad de efectos impredecibles para el país.

Estos eventos, no solo ponen en peligro la integridad del proceso electoral de 2025, sino que también socavan los cimientos del Estado de derecho que el país necesita fortalecer.

Lamentamos profundamente que muchos líderes políticos vean la situación actual como un “juego”, un pulso de poder, olvidando las consecuencias que estas acciones y decisiones de los actuales gobernantes tendrán en la vida de casi 10 millones de hondureños.

La inquietante concentración de poder de la precandidata oficial Rixi Moncada.

El nombramiento de Rixi Moncada como secretaria de Estado en el Despacho de Defensa, mientras mantiene su precandidatura presidencial, distorsionan los principios de equidad democrática por los intereses partidistas. En cualquier democracia funcional, la separación de poderes y la independencia de las instituciones, son fundamentales para garantizar elecciones justas y transparentes. Sin embargo, en este caso, observamos cómo una figura con aspiraciones presidenciales, asume simultáneamente el control de una de las instituciones más sensibles del Estado y que juega un rol fundamental en los procesos electorales: las Fuerzas Armadas.

Este hecho constituye un conflicto de interés flagrante que genera desconfianza y dudas sobre la imparcialidad que debe caracterizar el desempeño de las Fuerzas Armadas, y, sobre todo, empaña desde ya el proceso electoral, tanto primario como general. La concentración de poder en manos de la aspirante presidencial Rixi Moncada, no solo compromete la neutralidad militar, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la manipulación de las instituciones para favorecer proyectos políticos, en un contexto en el cual la democracia hondureña ya enfrenta múltiples desafíos, y someterá este tema a un debate permanente, creando innecesariamente, un ambiente de crispación y desconfianza.

Narcotráfico y denuncia del tratado de Extradición: un golpe a la credibilidad del Estado.

El reciente escándalo que involucra al diputado Carlos Zelaya, quien ha admitido públicamente su relación con capos del narcotráfico en el marco de la campaña presidencial de 2013, revela la magnitud de los vínculos del poder, los partidos políticos y el crimen organizado.

Este reconocimiento, sumado al incumplimiento de instalar la CICIH, y la última y controvertida decisión del Gobierno de denunciar el tratado de Extradición con Estados Unidos, conforma un cuadro alarmante que favorece la impunidad y complicidad estatal con el crimen organizado.

La denuncia del tratado presentada bajo la retórica de la defensa de la soberanía, se percibe y entiende como una estrategia para proteger a figuras influyentes vinculadas al narcotráfico, incluyendo a miembros de la familia presidencial que han sido señalados recientemente.

Este acto no solo aísla a Honduras en la lucha internacional contra el crimen organizado, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y las instituciones democráticas y manda un inequívoco mensaje de colusión entre el poder y el crimen.

Un llamado a garantizar la transparencia electoral y el respeto a la ley La REDH hace un llamado urgente a todas las fuerzas políticas, sociales y comunitarias, a unir esfuerzos para defender los valores democráticos que son el fundamento de nuestra nación.

Es imperativo que se implementen mecanismos de control y rendición de cuentas, y que se fortalezcan las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral y el respeto a la ley.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre la situación en Honduras y brinde su apoyo en la defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país.

La historia nos ha enseñado que la inacción frente a la erosión de la democracia, tiene consecuencias desastrosas no solo para el país afectado, sino para toda la región.

En este momento de crisis, la REDH reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la construcción y fortalecimiento de la justicia y el Estado de derecho en Honduras.

Seguiremos nuestra labor de observación del proceso electoral, como REDH trabajamos para ver restaurada la confianza en nuestras instituciones y garantizada la realización de elecciones libres, justas y transparentes en 2025.