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El programa de transporte gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha generado tensiones con el sector transporte tradicional, en medio de señalamientos cruzados sobre su implementación, impacto económico y presuntos intentos de freno al proyecto. La iniciativa, creada para beneficiar a estudiantes, se mantiene bajo supervisión institucional y con apoyo de organismos internacionales.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, denunció públicamente que el programa de transporte gratuito universitario enfrenta presiones externas que, según afirmó, buscan desacreditar o frenar su funcionamiento, pese a que ya se encuentra en operación y con financiamiento asegurado.

Fernández aseguró que el proyecto ha sido objeto de cuestionamientos, denuncias ante instituciones del Estado y supuestos intentos de interferencia administrativa. Sin embargo, recalcó que el servicio continuará operando como parte de la estrategia institucional de apoyo estudiantil.

El rector explicó que el programa forma parte de la iniciativa social “Mi Bienestar”, que incluye además becas, alimentación y otros apoyos, con una inversión global que ronda los cientos de millones de lempiras. El sistema de transporte es considerado uno de los pilares del proyecto por su impacto directo en la movilidad de los estudiantes.

Según la autoridad universitaria, la operación del servicio no está bajo administración directa de la UNAH, sino que es ejecutada a través de un organismo internacional que gestiona los procesos de contratación y supervisión de las unidades, con el fin de garantizar transparencia en su funcionamiento.

En paralelo, representantes del sector transporte han expresado su inconformidad con la iniciativa, alegando que la misma afecta sus ingresos y cuestionando la forma en que se adjudicó el servicio. También han solicitado revisiones al proceso de licitación y mayor participación en futuras convocatorias.

No obstante, la UNAH sostiene que el programa ha permitido mejorar la seguridad y condiciones de traslado de miles de estudiantes, reduciendo riesgos en rutas urbanas y facilitando el acceso a los centros de estudio.

Fernández reiteró que, pese a las tensiones, el proyecto seguirá en marcha y que los esfuerzos estarán enfocados en su consolidación y expansión, mientras continúan los procesos administrativos y legales que rodean su implementación.

El caso refleja un escenario de fricción entre modernización del transporte universitario y sectores tradicionales, en medio de un debate más amplio sobre acceso, competencia y políticas de movilidad en la capital hondureña.