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La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó una denuncia formal ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), exigiendo una investigación exhaustiva por el presunto uso indebido de fondos públicos con fines proselitistas en el contexto de las campañas electorales de cara a los comicios generales de noviembre de 2025 en Honduras.

La denuncia se fundamenta en evidencias como un video ampliamente difundido en redes sociales, donde se escucha a una diputada que busca la reelección por el partido LIBRE, junto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), discutir sobre la entrega de kits valorados en más de 125,000 lempiras cada uno. La RDD considera que esto constituye una ventaja electoral indebida y una violación a los principios de equidad, legalidad y transparencia, establecidos tanto en la normativa nacional como internacional en materia electoral y de financiamiento político.

Además, la denuncia advierte sobre el uso político de mecanismos como programas sociales, becas, subvenciones legislativas y proyectos de infraestructura menor, sin controles efectivos ni rendición de cuentas clara. Particularmente preocupante es el uso persistente de “subvenciones legislativas” —a pesar de la derogación del decreto 116-2019— que hasta abril de 2025 han implicado más de 400 millones de lempiras en transferencias sin evidencia de ejecución material.

También se menciona la asignación anual de hasta 950 millones de lempiras en los presupuestos de 2023, 2024 y 2025 para obras sociales e infraestructura en comunidades, recursos que —según la RDD— podrían estar siendo utilizados con fines clientelistas por candidatos en campaña.

La RDD respalda su denuncia con datos oficiales de la UFTF, que señalan que 85 de los 1,283 candidatos electos en las elecciones primarias no presentaron sus informes financieros, incumpliendo con su obligación de transparencia y rendición de cuentas.

Durante su presentación ante el pleno de la UFTF, los representantes de la RDD entregaron documentación y expusieron sus argumentos, expresando su disposición a colaborar con cualquier investigación que derive de esta acción. La organización hizo un llamado enérgico a las autoridades a actuar con firmeza, castigar cualquier ilegalidad comprobada y garantizar procesos electorales justos.

Finalmente, la RDD advirtió que la utilización de recursos del Estado para manipular la voluntad popular representa una amenaza directa a la democracia hondureña y que la impunidad en estos casos solo profundiza la desconfianza ciudadana.