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La acción legal presentada contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, dio un nuevo giro luego de que el expediente fuera elevado formalmente a tribunal de sentencia, marcando así el inicio de la fase de juicio oral y público dentro del proceso judicial que se sigue en su contra por una querella privada interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. La determinación fue adoptada por las autoridades judiciales tras concluir la etapa de conciliación sin acuerdo entre las partes.

El caso se deriva de denuncias relacionadas con presuntos delitos contra el honor, específicamente por calumnia e injuria, vinculados a la divulgación de información y señalamientos ocurridos en el contexto de la crisis electoral de 2025.

Durante el proceso previo, la audiencia de conciliación realizada en marzo no logró acercar posiciones, ya que tanto la parte acusadora como la defensa del funcionario público rechazaron cualquier posibilidad de acuerdo, lo que llevó a que el expediente avanzara hacia la siguiente fase procesal.

Con la remisión del caso a tribunal de sentencia, el proceso entra en una etapa clave donde se evacuarán pruebas, declaraciones y alegatos de ambas partes, bajo la supervisión de un juez competente. En esta fase se determinará si existen méritos suficientes para establecer responsabilidad penal o, por el contrario, si procede una resolución absolutoria.

El desarrollo del juicio se da en medio de un clima político y judicial de alta atención pública, debido a la relevancia institucional de los involucrados.

El caso ha sido seguido de cerca por distintos sectores, ya que involucra al titular del Ministerio Público y a una figura vinculada al órgano electoral del país, lo que añade un componente de interés nacional sobre el alcance de las decisiones judiciales y su impacto en la confianza institucional. Las próximas audiencias serán determinantes para definir el rumbo final del proceso.