Publican decreto que ordena recuento de actas pese a falta de quórum
El documento, sancionado por la presidenta Xiomara Castro y ya en vigencia al ser publicado oficialmente, ordena que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un recuento general de todas las actas correspondientes a los niveles presidencial, legislativo y municipal.
10 de enero de 2026
El Diario Oficial La Gaceta publicó este sábado un decreto que instruye un nuevo escrutinio de los votos de las 19 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025, tras su aprobación en una sesión del Congreso Nacional que ha sido ampliamente cuestionada por carecer del quórum legal requerido. La normativa ha encendido una crisis institucional y política en el país.
El documento, sancionado por la presidenta Xiomara Castro y ya en vigencia al ser publicado oficialmente, ordena que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un recuento general de todas las actas correspondientes a los niveles presidencial, legislativo y municipal.
La medida surge luego de reclamos del oficialismo y fuerzas aliadas que alegan que miles de actas no habrían sido debidamente consideradas en el escrutinio inicial.
La aprobación del decreto se dio en una sesión extraordinaria impulsada por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), en la que no participaron la mayoría de bancadas de oposición, lo que derivó en la ausencia del quórum constitucional. Este punto ha sido el principal argumento de quienes califican el procedimiento como irregular y contrario a la Constitución.
Además del recuento, el decreto solicita al Ministerio Público investigar presuntas responsabilidades de los consejeros del CNE por supuestas omisiones durante el proceso electoral. El texto también plantea que, de no acatarse la disposición, el Congreso Nacional podría asumir atribuciones para declarar resultados, un punto que ha generado especial controversia.
Sectores de la oposición, organizaciones civiles y analistas jurídicos han advertido que la medida podría implicar una invasión de competencias, ya que la Constitución asigna de forma exclusiva al CNE la conducción y certificación de los procesos electorales. También se ha señalado que el decreto podría afectar la transición política y profundizar la polarización.
Hasta ahora, el CNE no ha fijado una postura oficial sobre la publicación del decreto, mientras distintos actores políticos analizan acciones legales ante el Tribunal de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia, lo que anticipa un nuevo capítulo de confrontación institucional en el país.
