Protegen a periodistas en caso Roosevelt Hernández
La aplicación de las medidas de protección constituye, por ahora, una acción preventiva mientras las autoridades continúan evaluando el nivel de riesgo y avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.
12 de agosto de 2026
Cuatro periodistas que denunciaron al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, recibieron medidas de protección luego de una evaluación realizada por el mecanismo estatal encargado de atender situaciones de riesgo para defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
Los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López figuran como denunciantes dentro del proceso judicial iniciado contra Hernández, quien enfrenta señalamientos relacionados con presuntas acciones contra la libertad de prensa.
La solicitud de protección fue impulsada por organizaciones defensoras de derechos humanos ante la preocupación por la seguridad de los periodistas mientras avanza el proceso.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) participaron en las gestiones para que se evaluara la situación de los comunicadores.
De acuerdo con las organizaciones, el mecanismo estatal realizó entrevistas y recopiló información relacionada con las circunstancias que rodean a los cuatro periodistas. Posteriormente, se determinó la aplicación de medidas preventivas destinadas a reducir posibles riesgos.
La directora de Asopodehu, Dina Meza, había planteado la necesidad de brindar protección a los comunicadores debido a que el caso involucra a un exalto mando militar y ha generado atención entre organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.
El proceso judicial contra Hernández se originó a partir de denuncias relacionadas con presuntas actuaciones que habrían afectado a periodistas. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra por delitos vinculados con supuestas acciones de discriminación y afectación de derechos fundamentales.
Hernández ha rechazado los señalamientos y deberá responder ante las autoridades judiciales correspondientes, mientras el expediente continúa su curso.
Paralelamente, también se han presentado denuncias sobre supuestas presiones y amenazas relacionadas con el desarrollo del proceso judicial. Ante estas circunstancias, el Ministerio Público informó sobre diligencias orientadas a verificar los señalamientos.
Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han insistido en la importancia de garantizar la seguridad de los comunicadores y, al mismo tiempo, permitir que el proceso judicial avance con independencia y sin presiones externas.
La aplicación de las medidas de protección constituye, por ahora, una acción preventiva mientras las autoridades continúan evaluando el nivel de riesgo y avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.
