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Proponen sembrar tierras estatales

El proyecto busca aprovechar terrenos públicos y otros predios bajo custodia estatal que tengan condiciones para actividades agrícolas, mediante un plan de siembra de carácter temporal.

2 de octubre de 2026

Una iniciativa presentada ante el Congreso Nacional plantea utilizar temporalmente más de 300,000 hectáreas de terrenos estatales que actualmente permanecen sin producción, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de alimentos y responder a los efectos de la sequía que afecta distintas zonas del país. La propuesta contempla priorizar granos básicos y hortalizas, además de involucrar a productores y comunidades rurales.

 

La propuesta surge en un escenario marcado por dificultades para la producción agrícola debido a la irregularidad de las lluvias. El proyecto busca aprovechar terrenos públicos y otros predios bajo custodia estatal que tengan condiciones para actividades agrícolas, mediante un plan de siembra de carácter temporal.

 

El planteamiento establece que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) tendría un papel central en la identificación de los terrenos, mientras que universidades con formación agrícola participarían en la asistencia técnica y en la planificación de los cultivos. La iniciativa todavía debe ser analizada por la comisión legislativa correspondiente antes de avanzar hacia una eventual discusión en el pleno.

 

El proyecto, denominado Plan Nacional de Siembra Masiva de Alimentos (PNSMA), contempla aprovechar terrenos estatales y predios incautados que permanezcan bajo administración oficial, siempre que sean aptos para la producción agrícola. Entre los cultivos considerados figuran maíz, frijol, plátano y distintas legumbres.

 

Para enfrentar las limitaciones de agua, la iniciativa incluye la posibilidad de implementar sistemas de riego por goteo, con la intención de utilizar de manera más eficiente el recurso disponible durante los ciclos productivos. La selección de las áreas y la definición de los proyectos piloto quedarían bajo coordinación de la SAG.

 

El plan también contempla la participación directa de personas y organizaciones de las zonas rurales. Se plantea contratar temporalmente a jornaleros, pequeños productores y organizaciones campesinas cercanas a los terrenos seleccionados, incorporando además programas de capacitación en técnicas modernas de producción y manejo de sistemas de riego.

 

En el componente académico, las facultades de Agronomía de las universidades participarían mediante docentes y estudiantes de último año. Su función incluiría brindar acompañamiento técnico durante los ciclos de cultivo y contribuir a la certificación de semillas consideradas resistentes a las condiciones derivadas del cambio climático.

 

La iniciativa establece además un esquema para distribuir las cosechas obtenidas. El 60 % de la producción sería destinado a una reserva estratégica de granos básicos del Estado, mientras que el 40 % restante se dirigiría a mercados locales. El planteamiento también contempla utilizar los canales de Banasupro para colocar parte de los alimentos y contribuir al abastecimiento.

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