Proponen cadena perpetua por crímenes contra operadores de justicia
El anuncio se produce en un contexto marcado por una escalada de violencia atribuida al crimen organizado, luego de recientes ataques que han generado alarma nacional y han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir la impunidad.

26 de mayo de 2026
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que busca imponer privación de libertad de por vida a quienes sean responsables del asesinato de policías, militares, fiscales y jueces en Honduras. La propuesta surge en medio de una creciente preocupación por los recientes hechos de violencia que han golpeado al país y que han cobrado la vida de miembros de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.
La iniciativa plantea endurecer las sanciones contra quienes atenten contra funcionarios encargados de garantizar el orden público, la aplicación de la ley y la administración de justicia, bajo el argumento de que estos crímenes representan un ataque directo al Estado y a la institucionalidad democrática.
El anuncio se produce en un contexto marcado por una escalada de violencia atribuida al crimen organizado, luego de recientes ataques que han generado alarma nacional y han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir la impunidad. Diversos sectores consideran que el asesinato de policías, fiscales y jueces no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también debilita la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales.
De avanzar en el Congreso, la reforma modificaría las disposiciones actuales del Código Penal para establecer una de las penas más severas contempladas en la legislación hondureña, enviando un mensaje de mayor rigor frente a delitos que impactan directamente la seguridad nacional.
La propuesta deberá ser discutida y sometida a votación en el pleno legislativo, donde podría generar debate entre quienes respaldan un endurecimiento penal como respuesta a la violencia y quienes consideran necesario acompañar estas medidas con estrategias integrales de prevención, investigación y fortalecimiento institucional.








