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Productores exigen subsidio de deuda y reactivación de mesas de diálogo

La crisis también se refleja en las cifras de exportación. El sector camaronero reportó ventas por $237 millones en 2024, lo que representa una caída del 13.1% (equivalente a $35.6 millones), atribuida a la cancelación del TLC con Taiwán, restricciones fronterizas con México y el aumento de costos de producción.

8 de julio de 2025

En una comparecencia desarrollada en la sede del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), representantes de la Plataforma Agrícola de Honduras, que agrupa a productores de camarón, maíz, frijol y arroz, lanzaron un llamado urgente al gobierno para retomar el diálogo, reactivar las mesas de convenios y aprobar un subsidio de deuda agrícola que permita reactivar el agro nacional, seriamente golpeado por múltiples crisis.

 

Los líderes Wilmer Cruz (sector camaronero), Dulio Medina (granos básicos) y Ramón Rodríguez (productores arroceros), detallaron que la falta de respuesta gubernamental, el encarecimiento de los insumos agrícolas, el abandono institucional y los tratados de libre comercio mal negociados están poniendo al borde del colapso al sector productor nacional.

 

Dulio Medina advirtió que el alto costo de los insumos como fertilizantes, que han incrementado hasta 200 lempiras por quintal en las últimas semanas, está dejando fuera de competencia a los productores locales frente a las importaciones a bajo costo.

 

Recordó que la eliminación de aranceles al maíz amarillo (desde 2020) y al arroz (desde enero de 2023), como parte de los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC), ha permitido el ingreso de productos más baratos pero de dudosa calidad sanitaria, como aquellos con presencia de aflatoxinas, una sustancia cancerígena. “No hay controles. El pueblo hondureño está consumiendo productos inseguros y sin que el gobierno actúe”, denunció.

 

Por su parte, Wilmer Cruz, en representación del sector camaronero, pidió la aprobación inmediata de un subsidio de deuda, señalando que pequeños y medianos productores están atrapados en la central de riesgos debido a préstamos no pagados desde hace más de dos décadas.

 

Cruz explicó que el subsidio solicitado abarcaría de 1 a 3 millones de lempiras por productor, especialmente aquellos con deudas en Funder, Banca Solidaria, Banhprovi y Banadesa. Aseguró que esta medida no representaría una carga excesiva para el Estado, sino una vía efectiva para reactivar la producción agrícola y recuperar la cartera de crédito de instituciones como Banadesa.

 

“Estas deudas vienen desde el huracán Mitch. Si no se reestructura, el campo morirá. Esta es una oportunidad para rescatar la producción nacional”, afirmó Cruz.

 

Ramón Rodríguez, líder del gremio arrocero, denunció que el gobierno ha anunciado falsamente un acuerdo de precio de garantía para la cosecha de arroz a 545 lempiras, sin haber sido convocados a ninguna mesa de negociación.

 

“No hemos firmado ningún convenio. Que quede claro: el precio no está pactado. Estamos exigiendo que se respete el diálogo, porque sin ese acuerdo no podemos acceder al financiamiento en Banadesa”, reclamó Rodríguez.

Asimismo, explicó que los costos de producción del arroz han subido más del 30%, por lo que no se puede aceptar un precio similar al del año pasado, ya que comprometería seriamente la viabilidad financiera del sector.

 

La crisis también se refleja en las cifras de exportación. El sector camaronero reportó ventas por $237 millones en 2024, lo que representa una caída del 13.1% (equivalente a $35.6 millones), atribuida a la cancelación del TLC con Taiwán, restricciones fronterizas con México y el aumento de costos de producción.

 

Mientras tanto, los granos básicos tienen como meta para 2025 la producción de 13.5 millones de quintales de maíz blanco, 3 millones de frijol y 550 mil de arroz, según cifras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), metas que productores consideran difícil alcanzar sin financiamiento ni políticas públicas eficaces.

 

Los representantes del agro exigieron al gobierno, y en particular a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), sentarse a dialogar de inmediato, reactivar las mesas de concertación y definir una política clara de apoyo al agro, antes de que colapse la producción nacional de alimentos.

 

“El agro no puede esperar más. Si el gobierno no responde, lo que está en juego no es solo nuestra producción, es la seguridad alimentaria del país”, concluyeron.

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