Procesan a empresaria hondureña por millonario fraude con licencias de conducir
El expediente detalla que, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa constituida apenas dos meses antes de recibir el contrato. Sin embargo, de ese total, únicamente 258 mil tarjetas ingresaron al país.
25 de agosto de 2025
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), logró que un tribunal dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., señalada por su presunta participación en un esquema de fraude y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, Mayorga es acusada junto al excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y directivo del COHEP, Juan Ramón Molina Rodríguez, de haber defraudado al Estado por más de 18.5 millones de lempiras mediante la provisión irregular de tarjetas de PVC utilizadas para la emisión de licencias de conducir.
El expediente detalla que, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa constituida apenas dos meses antes de recibir el contrato. Sin embargo, de ese total, únicamente 258 mil tarjetas ingresaron al país.
Cinco días antes del cambio de gobierno, el 22 de enero de 2022, la Secretaría realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a la compañía. Tres días más tarde, Mayorga transfirió 17 millones a la firma *Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina.
Las investigaciones también revelan que, aunque el contrato fue otorgado formalmente a Plasticards S.A., las tarjetas provinieron de la empresa estadounidense Interamerican Service Unlimited Corp. y fueron importadas a Honduras a través de Inversiones MyM.
El Ministerio Público sostiene que los acusados utilizaron empresas fachada y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para mover los fondos de manera irregular y encubrir su origen, configurando así delitos de fraude y lavado de activos.
Con este fallo judicial, Liana Mayorga permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanzan las etapas posteriores del proceso, que podría derivar en nuevas acusaciones y en la ampliación de la investigación sobre el uso de la Tasa de Seguridad en años recientes.
