Presupuesto 2026 sería aprobado en marzo
La expectativa de los legisladores es que, con la aprobación en marzo, el país cuente con un marco legal de financiamiento actualizado para iniciar con claridad la ejecución del gasto público correspondiente al ejercicio fiscal 2026, evitando atrasos que en años anteriores han retrasado el inicio de programas y proyectos estatales.
24 de febrero de 2026
El Congreso Nacional de Honduras se encuentra en la fase final de discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2026, y las autoridades legislativas aseguran que la aprobación podría concretarse en el mes de marzo, tras meses de análisis y ajustes por parte de las comisiones correspondientes.
El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, indicó que existe comunicación entre las distintas bancadas para construir los consensos necesarios antes de someter la propuesta al pleno del Parlamento. Según sus declaraciones, el objetivo es que el presupuesto sea votado “en una o dos semanas”, lo que en la práctica ubica la aprobación formal en la primera quincena de marzo.
El proyecto presupuestario inicialmente rondaba los 469 000 millones de lempiras, pero durante el proceso de revisión en comisiones se ha previsto una posible reducción de la cifra hacia un rango de entre 415 000 y 420 000 millones de lempiras, en función de las prioridades nacionales y la disciplina fiscal que se busca mantener para este año.
Además del cronograma para su aprobación, Zambrano destacó que se han abordado temas vinculados a las transferencias a municipios, al recordar que la administración anterior habría dejado una deuda con las alcaldías por casi 2 000 millones de lempiras, de los cuales se desembolsaron recientemente 700 millones, con planes de continuar los pagos programados por la Secretaría de Finanzas.
En este contexto, el Congreso también ha contemplado medidas para proteger recursos municipales de embargos excesivos, proponiendo limitar la retención a un máximo del 50 % para que las comunas puedan disponer de fondos para inversión y funcionamiento local. Asimismo, se evalúan mecanismos autorizados para enfrentar demandas laborales contra el Estado, incluido el impulso de conciliaciones a través de la Procuraduría General de la República para mitigar el impacto sobre las finanzas públicas.
La aprobación del presupuesto 2026 es uno de los primeros retos legislativos de la actual legislatura, instalada tras las elecciones generales de noviembre de 2025, y tiene implicaciones directas en la asignación de recursos a sectores claves como salud, educación, seguridad y obras públicas, así como la continuidad de programas gubernamentales prioritarios en el primer año de la administración de Nasry Asfura.
El avance en la discusión también ha sido observado por analistas y sectores de la sociedad civil, que han planteado la importancia de incluir mecanismos de supervisión del gasto público, mayor transparencia en la ejecución de recursos y una definición clara de prioridades presupuestarias en un contexto fiscal que exige equilibrio entre las obligaciones del Estado y las demandas sociales.
La expectativa de los legisladores es que, con la aprobación en marzo, el país cuente con un marco legal de financiamiento actualizado para iniciar con claridad la ejecución del gasto público correspondiente al ejercicio fiscal 2026, evitando atrasos que en años anteriores han retrasado el inicio de programas y proyectos estatales.
