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Instituciones del Estado trabajan en una estrategia conjunta para intervenir centros educativos donde se han identificado indicios de actividades vinculadas a estructuras criminales.

La iniciativa busca fortalecer la prevención, proteger a los estudiantes y evitar que menores de edad sean utilizados para cometer delitos dentro o en los alrededores de los colegios.

La estrategia surge como respuesta a reportes de las autoridades de seguridad sobre la presencia de grupos delictivos que estarían influyendo en algunos centros de educación media.

Según las investigaciones, estas organizaciones buscarían involucrar a estudiantes en actividades como la distribución de drogas, la intimidación y otras conductas ilícitas, situación que ha motivado la coordinación entre varias instituciones del Estado.

El plan es impulsado mediante mesas técnicas integradas por la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación, la Policía Nacional, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la Policía Escolar Comunitaria, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT). El propósito es diseñar acciones preventivas y definir los primeros centros educativos donde se implementará el programa piloto.

Las autoridades informaron que actualmente se realiza un proceso de recopilación y análisis de información para identificar los colegios que presentan mayores factores de riesgo.

Antes de iniciar las intervenciones, se prevé desarrollar jornadas de socialización con docentes, padres de familia, estudiantes y gobiernos estudiantiles, con el fin de garantizar que las medidas sean comprendidas y cuenten con el respaldo de la comunidad educativa.

Asimismo, los cuerpos de seguridad indicaron que las denuncias ciudadanas han permitido detectar casos en los que algunos alumnos presuntamente son obligados o inducidos por estructuras criminales a participar en la venta de drogas, cobros ilegales o actos de intimidación dentro de los planteles. Estas situaciones forman parte de las investigaciones que servirán para orientar las acciones preventivas y de protección.

Las instituciones involucradas señalaron que el objetivo principal de la estrategia es recuperar los centros educativos como espacios seguros para el aprendizaje, fortaleciendo la detección temprana de riesgos y la coordinación entre autoridades, comunidad educativa y familias para reducir la influencia de grupos criminales sobre la población estudiantil.