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Un nuevo debate sobre el uso de los recursos públicos se abrió en Honduras luego de que la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Leda García, denunciara que una sola familia habría recibido cerca de 300 mil lempiras mensuales dentro del sistema de protección administrado por esa institución.

La revelación generó cuestionamientos sobre la forma en que se han asignado los fondos destinados a garantizar la seguridad de personas en situación de riesgo por su labor social, periodística o de defensa de derechos humanos.

De acuerdo con la funcionaria, al revisar los registros financieros del mecanismo de protección se detectaron pagos elevados destinados a determinados beneficiarios. García explicó que el sistema tiene como objetivo brindar medidas de seguridad, apoyo logístico y recursos para quienes enfrentan amenazas, pero advirtió que en algunos casos las cifras destinadas a determinados beneficiarios resultan desproporcionadas, lo que ha motivado una revisión más profunda de los expedientes y de los procedimientos utilizados para aprobar esas ayudas.

La ministra detalló que el sistema de protección ha manejado en distintos momentos montos millonarios para cubrir medidas como escoltas, transporte, vigilancia y otros mecanismos de seguridad. Según sus declaraciones, el gasto mensual total del programa llegó a superar los 18 millones de lempiras en determinados periodos, lo que obliga a revisar si los recursos fueron utilizados de manera eficiente y con criterios transparentes.

Ante esta situación, García aseguró que su administración impulsará una auditoría y una evaluación integral del mecanismo de protección con el acompañamiento de organismos internacionales y entidades de control.

El objetivo, señaló, es identificar posibles irregularidades, corregir fallas en el sistema y garantizar que los recursos realmente lleguen a las personas que enfrentan riesgos reales por su trabajo o activismo.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de la exministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, quien rechazó las acusaciones y pidió que la información se maneje con datos verificados.

La exfuncionaria sostuvo que las medidas de protección no se aprueban de manera unilateral desde el despacho ministerial, sino que son evaluadas y autorizadas por un consejo integrado por varias instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil.

Álvarez también explicó que muchas de las medidas otorgadas responden a evaluaciones de riesgo y, en algunos casos, a resoluciones o recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, por lo que el Estado está obligado a brindar protección a determinadas personas o grupos. Según su postura, el sistema ha funcionado bajo procedimientos establecidos y supervisados por distintas instancias.

El intercambio de señalamientos ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y la eficacia del sistema de protección a defensores de derechos humanos en Honduras.

Mientras el actual gobierno plantea revisar los procedimientos y la asignación de recursos, sectores vinculados al mecanismo defienden su funcionamiento y advierten que cualquier modificación debe garantizar que las personas amenazadas continúen recibiendo protección adecuada.

La polémica continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y sociales, en medio de llamados para que se investigue a fondo el manejo de los recursos y se fortalezcan los mecanismos de control dentro de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en el país.