Piden arresto domiciliario y suspensión de cargo para diputado vinculado a millonario fraude estatal
Los cargos presentados incluyen fraude, falsificación de documentos públicos y prevaricato judicial. Entre los acusados figuran también exprocuradores, jueces, representantes legales y exfuncionarios del gobierno vinculados a procesos contractuales irregulares desde el año 2000.
6 de agosto de 2025
La Fiscalía hondureña ha solicitado arresto domiciliario y suspensión del cargo para el actual diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, acusado junto a varios exfuncionarios y operadores de justicia por su presunta participación en una red de corrupción que defraudó al Estado por más de tres mil millones de lempiras.
La audiencia inicial contra Márquez y los demás imputados comenzó esta semana bajo la conducción de un juez natural designado. Los cargos presentados incluyen fraude, falsificación de documentos públicos y prevaricato judicial. Entre los acusados figuran también exprocuradores, jueces, representantes legales y exfuncionarios del gobierno vinculados a procesos contractuales irregulares desde el año 2000.
Según explicó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el caso gira en torno a contratos ilegales adjudicados tras el paso del huracán Mitch, cuando la empresa estadounidense DRC Inc. fue beneficiada con fondos de cooperación internacional pese a no contar con permisos legales para operar en el país. La empresa, a su vez, subcontrató a NAINSA sin vínculo oficial con el Estado.
Ambas compañías habrían pactado secretamente para demandar al Estado por los mismos hechos en procesos separados, basándose en un laudo arbitral que nunca fue legalmente aprobado por la Corte Suprema. Con el paso de los años, lograron imponer demandas fraudulentas que obligaron al país a asumir compromisos millonarios.
En 2020, Nelson Márquez, entonces secretario de SEDECOAS, emitió un informe recomendando firmar un acuerdo extrajudicial con NAINSA, pese a que ya existían resoluciones judiciales que declaraban inválido el laudo. El convenio dio pie a una nueva ejecución forzosa que derivó en más pagos irregulares, en los cuales se habrían beneficiado los implicados.
El Ministerio Público también señala que algunos de los jueces involucrados, como Iris Isabel Miranda y Raymundo Gradiz, admitieron demandas millonarias pese a tener conocimiento de la invalidez del laudo. Además, se descubrió que Héctor Alvarado, representante de la Procuraduría General, no asistió a una audiencia clave alegando problemas de salud, aunque su certificado médico fue declarado falso.
La investigación ha revelado transferencias directas de los fondos públicos hacia cuentas personales, pago de deudas hipotecarias privadas y movimientos financieros sospechosos que involucran a familiares de los acusados.
Actualmente, Márquez y sus coimputados fueron trasladados desde centros penales hasta la sede judicial para comparecer ante el juez. Al momento de ingresar a la sala, el diputado se limitó a declarar: “¡Viva Honduras!”.
La Fiscalía solicita que todos los implicados enfrenten arresto domiciliario mientras avanza el proceso y, en el caso del diputado Márquez, que sea suspendido de su cargo legislativo mientras se resuelve su situación judicial.
