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El Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil exigió este jueves al Estado hondureño acelerar la discusión y aprobación de la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley CASI), al considerar que la violencia sexual contra la niñez continúa representando una situación grave que requiere respuestas institucionales, recursos y acciones coordinadas.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de 2017, alrededor de 57 niñas sufren violencia sexual cada día en Honduras. Sin embargo, los registros de denuncias reflejan una dimensión mucho menor del problema.

El comité señala además que siete de cada diez casos ocurren dentro del entorno familiar, una circunstancia que puede facilitar que las agresiones se prolonguen y permanezcan ocultas durante años.

Las organizaciones advierten que esta realidad evidencia las limitaciones del marco legal y de las respuestas institucionales actualmente existentes.

A su criterio, Honduras necesita fortalecer la prevención, la identificación temprana de posibles casos y la atención integral de las víctimas, además de establecer mecanismos que permitan una actuación coordinada entre las instituciones responsables de proteger a la niñez.

El pronunciamiento destaca que la iniciativa de la Ley CASI fue presentada por la diputada Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional. El proceso de elaboración de la propuesta ha contado con el acompañamiento de organizaciones que durante décadas han trabajado en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Comité Interorganizacional solicitó al Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría de Finanzas emitir cuanto antes las opiniones requeridas por el Congreso Nacional para avanzar con el proyecto. También pidió al Legislativo dictaminar y aprobar la normativa tomando en cuenta la gravedad y urgencia que representa el abuso sexual infantil en el país.

Otro de los principales planteamientos está dirigido a la Secretaría de Finanzas, a la que se reclama garantizar los recursos económicos necesarios para que la legislación pueda aplicarse de manera efectiva una vez aprobada. Las organizaciones sostienen que la protección de la niñez debe ocupar un lugar prioritario en la asignación presupuestaria y que la magnitud del problema debe reflejarse en las decisiones financieras del Estado.

El llamado también alcanza a las demás instituciones públicas, especialmente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para que asuman desde ahora el compromiso de implementar las disposiciones que establezca la futura ley. El objetivo, según el comité, es evitar que una eventual aprobación quede únicamente en el papel y asegurar una respuesta articulada frente a los casos de violencia sexual.