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Organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras intensifican sus llamados para que el Estado adopte con urgencia el reglamento de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, y asegure el financiamiento necesario para garantizar la atención integral de las víctimas de desplazamiento forzado.

Aunque la normativa fue aprobada hace más de dos años, aún no entra plenamente en vigor por la ausencia de un reglamento que detalle los mecanismos operativos y la asignación de recursos para su ejecución. Según datos de la Comisiónado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2016 y 2025 se han recibido más de 10 000 quejas relacionadas con desplazamiento interno, y los departamentos más afectados incluyen Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca, donde familias han sido forzadas a abandonar sus hogares por amenazas, extorsiones o riesgo de reclutamiento por grupos criminales.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, señaló que el reglamento ya fue elaborado con la participación de entidades estatales, sociedad civil y organismos internacionales, pero falta la aprobación formal y la asignación presupuestaria para que el Estado pueda poner en marcha acciones concretas. La ley contempla un fondo de 150 millones de lempiras destinado a proporcionar asistencia humanitaria, vivienda temporal, reubicación y apoyo socioeconómico a las personas desplazadas, pero sin reglamento ni presupuesto estos recursos no pueden utilizarse.

La falta de implementación plena de la ley se produce en un contexto en el que el desplazamiento interno por violencia sigue representando una problemática compleja en Centroamérica. Informes regionales señalan que en países como Guatemala y Honduras un porcentaje significativo de familias ha sido forzada a huir debido a la presencia de grupos criminales, desplazando a personas tanto en áreas rurales como urbanas y dejando a muchas sin acceso a servicios básicos o protección adecuada.

Defensores de derechos humanos coinciden en que el retraso en la reglamentación limita la capacidad del Estado para responder eficazmente a esta emergencia humanitaria y genera un vacío que afecta la protección de las víctimas. Señalan que sin un marco operativo claro ni recursos disponibles, las instituciones estatales enfrentan dificultades para brindar asistencia alimentaria, alojamiento temporal, atención psicosocial y mecanismos de reintegración para quienes han perdido sus medios de vida por la violencia.

Además, organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han estado colaborando con el gobierno hondureño en la elaboración de regulaciones y planes de acción para mejorar la respuesta a desplazados internos, en el marco del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que busca fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de protección.

Los activistas destacan que la aprobación del reglamento y la liberación de los fondos previstos en la ley no solo facilitarían la atención de personas que ya han sido desplazadas, sino que también permitirían un enfoque preventivo para reducir futuros casos y garantizar que las comunidades vulnerables cuenten con protección antes de verse obligadas a huir de sus hogares. En ese sentido, llaman al Poder Ejecutivo y al Legislativo a priorizar este tema para atender de manera integral una problemática que sigue afectando a miles de familias hondureñas.