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Autoridades del Poder Ejecutivo y expertos en finanzas públicas instaron este martes a tomar decisiones sostenibles e inmediatas para evitar un aumento de embargos y demandas en contra del Estado, ante el creciente número de sentencias judiciales que obligan al Gobierno a pagar cuantiosas sumas por incumplimientos contractuales y deudas históricas.

Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el secretario de Finanzas, junto a representantes jurídicos del Estado, hicieron un llamado para que el Ejecutivo, el Congreso Nacional y los órganos de control articulen un plan integral que permita mejorar la gestión de litigios y disminuir el riesgo fiscal que representa la constante imposición de multas y embargos sobre bienes estatales.

Los funcionarios alertaron que el incremento de estas cargas judiciales podría afectar la prestación de servicios básicos, como educación, salud y seguridad.

Según datos oficiales, en los últimos años el Estado hondureño ha enfrentado centenares de demandas por contratos públicos incumplidos, expropiaciones mal remuneradas y obligaciones pendientes, lo que ha generado un cúmulo de procesos que comprometen tanto el presupuesto general como la operatividad de instituciones estratégicas.

Expertos consultados señalaron que las ejecuciones judiciales sobre activos del Estado como cuentas bancarias y bienes inmuebles reducen la liquidez pública y limitan la capacidad de inversión del gobierno.

En algunos casos, estas ejecuciones derivan de decisiones administrativas o contractuales sin respaldo legal sólido, lo que facilita que empresas o particulares obtengan sentencias favorables.

El llamado de los técnicos apunta a la necesidad de crear un mecanismo de defensa centralizada para que el Estado pueda coordinar mejor las contestaciones judiciales y evitar que cada institución actúe de manera dispersa, lo que a menudo resulta en fallos adversos.

Además, insisten en la revisión de contratos gubernamentales antes de su firma para blindarlos jurídicamente y reducir los riesgos de futuras demandas.

Los especialistas también recomendaron la aprobación de una ley de gestión de pasivos contingentes, una normativa que permitiría prever, cuantificar y administrar los compromisos que, aunque no están contabilizados actualmente en el presupuesto, representan obligaciones potenciales para el Estado.

Esta propuesta busca brindar mayor transparencia y disciplina fiscal, y se plantea como un complemento a las políticas de austeridad y control del gasto público.

Por su parte, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y gremios empresariales manifestaron su respaldo a las iniciativas destinadas a mejorar la seguridad jurídica, afirmando que un clima de certidumbre es clave para la inversión nacional y extranjera.

No obstante, también pidieron que se respeten los derechos de los acreedores legítimos, siempre que sus reclamos estén debidamente fundamentados.

El reclamo de decisiones urgentes ocurre en un momento en que Honduras enfrenta retos fiscales significativos, con un elevado déficit presupuestario y presiones de organismos financieros internacionales para implementar reformas estructurales.

Analistas coinciden en que sin acciones coordinadas entre los poderes del Estado, la situación de embargos y demandas podría agravarse, afectando no solo las cuentas públicas sino también la confianza ciudadana en las instituciones.

La próxima semana, la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional ha convocado audiencias públicas para debatir propuestas legislativas enfocadas en estos temas, lo que podría marcar el inicio de reformas destinadas a frenar el impacto de las obligaciones judiciales sobre las finanzas del país.

El Gobierno ha asegurado que promoverá estas iniciativas con el objetivo de proteger los bienes del Estado y garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales, mientras busca mantener un equilibrio entre el respeto a los fallos judiciales y la necesidad de sostenibilidad fiscal a largo plazo.