Piden abrir investigación por plazas fantasmas
De acuerdo con los hallazgos publicados, el parlamentario figuró en registros administrativos con puestos que incluían funciones docentes y una jefatura departamental, por los cuales se habrían realizado desembolsos mensuales significativos.
11 de marzo de 2026
Expertos y analistas en temas de transparencia consideran que las supuestas plazas fantasma vinculadas al diputado Edgardo Casaña deben ser anuladas administrativamente y sometidas a una investigación penal para determinar posibles responsabilidades en el manejo de recursos públicos dentro del sistema educativo hondureño.
El señalamiento surge tras una investigación periodística que reveló que el legislador habría recibido pagos por cargos dentro de la Secretaría de Educación que no tendrían respaldo en la estructura oficial de esa institución. De acuerdo con los hallazgos publicados, el parlamentario figuró en registros administrativos con puestos que incluían funciones docentes y una jefatura departamental, por los cuales se habrían realizado desembolsos mensuales significativos.
Según especialistas consultados sobre el caso, si se confirma que los nombramientos no tenían base legal o que los cargos no existían formalmente dentro del organigrama institucional, el procedimiento correcto sería anular las plazas, establecer reparos por los montos pagados y trasladar el expediente al Ministerio Público para que se determine si hubo delitos relacionados con el uso indebido de fondos estatales.
La investigación también apunta que entre 2023 y 2026 el diputado habría sido beneficiado con varias plazas dentro del sistema educativo, incluyendo una jefatura departamental en Santa Bárbara con un salario superior a 53 mil lempiras mensuales, pese a que dicho cargo no aparece en el reglamento que regula las direcciones educativas del país.
En otro de los hallazgos, se señala que el legislador habría figurado como director distrital en Tegucigalpa, cargo por el cual se registraron pagos durante varios meses, aunque en ese mismo período otro funcionario ejercía formalmente esas funciones dentro de la institución.
Ante la controversia, el propio diputado ha rechazado las acusaciones y sostiene que su situación se encuentra amparada en disposiciones legales relacionadas con el ejercicio docente y los derechos laborales del magisterio. Asimismo, ha defendido que no ha incurrido en irregularidades y que su trayectoria dentro del sistema educativo respalda su posición.
Mientras tanto, especialistas en administración pública advierten que el caso pone nuevamente en debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la contratación estatal y garantizar mayor transparencia en la asignación de plazas dentro de las instituciones públicas. La eventual intervención de los entes de control y del Ministerio Público podría determinar si se trató de irregularidades administrativas o de posibles delitos contra la administración pública.
