PGR denuncia a dos vinculados con ZEDE Próspera
Ante esta situación, la PGR pidió al Ministerio Público iniciar la investigación penal correspondiente, preservar la evidencia relacionada con los hechos denunciados y recopilar documentación e informes de instituciones públicas y entidades vinculadas con ZEDE Próspera.
22 de septiembre de 2026
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks, a quienes señala por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras. La acción fue presentada ante el Ministerio Público a raíz de actuaciones relacionadas con la estructura de ZEDE Próspera.
La PGR fundamenta su denuncia en la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2024 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional, con efecto desde su origen, el marco constitucional y legal que dio paso a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como el decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
Según la Procuraduría, la resolución implica que los nombramientos derivados del CAMP y las actuaciones asociadas con ellos carecen de validez jurídica. La institución sostiene que esta situación incluye cargos vinculados con la estructura de Próspera, entre ellos el denominado “Fiscal Civil”.
De acuerdo con la denuncia, Colindres Castillo habría continuado atribuyéndose funciones como autoridad dentro de una supuesta jurisdicción especial y el pasado 15 de septiembre habría juramentado a Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera. La PGR considera que este acto desconoce los efectos de la sentencia constitucional.
La Procuraduría cuestiona además las atribuciones que se habrían asignado al cargo, entre ellas funciones de carácter jurisdiccional, procedimientos relacionados con el cobro forzoso de tributos y tareas vinculadas con el resguardo del orden público. Según la institución estatal, estas facultades corresponden a los poderes y organismos establecidos por el ordenamiento jurídico hondureño.
Ante esta situación, la PGR pidió al Ministerio Público iniciar la investigación penal correspondiente, preservar la evidencia relacionada con los hechos denunciados y recopilar documentación e informes de instituciones públicas y entidades vinculadas con ZEDE Próspera.
También solicitó recibir las declaraciones que sean necesarias para esclarecer las circunstancias de los actos señalados. La Procuraduría, además, se reservó el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado hondureño si el caso avanza hacia una etapa judicial.
La denuncia ocurre en medio de la disputa jurídica que mantienen las instituciones hondureñas con ZEDE Próspera desde la declaratoria de inconstitucionalidad del régimen de las ZEDE. La presentación de la acción penal no determina por sí misma responsabilidad de los denunciados, ya que corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y, de encontrar elementos suficientes, proceder conforme al marco legal.
