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Los periodistas Jeff Ernst y Steven Dudley, codirector del centro de investigación InSight Crime, ofrecieron nuevos detalles sobre el impacto que tuvo el denominado “narcovideo” de 2013, una grabación que terminó sacudiendo el panorama político hondureño y provocando una crisis de alcance nacional e internacional.

A más de una década de su grabación y tras su difusión pública en 2024, el llamado “narcovideo” continúa generando repercusiones en la política hondureña.

En una reciente conversación pública, periodistas de InSight Crime compartieron detalles inéditos sobre el momento en que comprendieron la magnitud del material audiovisual, una grabación que expuso presuntas negociaciones entre narcotraficantes y actores políticos, marcando un antes y un después en la historia institucional del país.

Durante una charla pública sobre el proceso investigativo, Ernst relató que desde el primer momento percibió la gravedad del material al reconocer a uno de los protagonistas del video, así como a varios actores del narcotráfico ampliamente conocidos.

Esa identificación inmediata, explicó, le dejó claro que se trataba de un hallazgo de alto riesgo y profundas implicaciones.

No obstante, el periodista señaló que la verdadera dimensión del contenido se reveló con mayor claridad durante el proceso de revisión minuciosa y transcripción del video.

Fue entonces cuando detectó pasajes particularmente explícitos que, según relató, superaron sus propias expectativas sobre el nivel de franqueza con el que se discutían temas sensibles relacionados con dinero y política.

Uno de los elementos que más llamó la atención de Ernst fue la referencia directa a la distribución de fondos, en la que se mencionaba que una parte significativa del dinero sería destinada a un personaje identificado como “el Comandante”, una alusión que, según el contexto del video, apuntaba al entonces líder político Manuel Zelaya. Para el periodista, la naturalidad con la que se abordaba el tema reflejaba una preocupante normalización de este tipo de intercambios.

Además, Ernst indicó que en la conversación también se hacía mención a supuestos aportes anteriores, lo que reforzó la percepción de que la reunión grabada no era un hecho aislado, sino parte de una secuencia de contactos previos y acuerdos ya establecidos.

El caso adquirió notoriedad pública el 3 de septiembre de 2024, cuando InSight Crime publicó el video que involucra a Carlos “Carlón” Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

La divulgación ocurrió en un momento político delicado, marcado por tensiones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos tras la suspensión del tratado de extradición.

En la grabación, narcotraficantes discuten supuestos aportes económicos destinados a la campaña presidencial de 2005, mencionando cifras elevadas y la participación de intermediarios.

Una de las frases atribuidas a Carlos Zelaya, relacionada con la distribución del dinero, encendió las alarmas y aceleró la reacción pública.

Tras la publicación, Carlos Zelaya presentó su renuncia al Congreso Nacional, aunque negó que se hubiera concretado la entrega de dinero y aseguró que el encuentro tenía como objetivo dialogar con posibles inversionistas. Paralelamente, su hijo, José Manuel Zelaya Rosales, dejó el cargo de ministro de Defensa.

La investigación de InSight Crime reconstruyó el recorrido del video hasta su publicación, señalando que el material fue entregado por el narcotraficante Bayron Ruiz en julio de 2024, durante una reunión en La Ceiba. Posteriormente, el video habría pasado a manos del Ministerio Público, mientras las autoridades iniciaban la búsqueda de Ruiz.

El informe también vincula el caso con el asesinato de Ruiz en Guatemala, ocurrido en febrero de 2025, un hecho que añadió mayor gravedad al escándalo. A nivel político, el impacto del video influyó en el escenario electoral y golpeó directamente al partido de gobierno, manteniendo el tema vigente en la opinión pública incluso después de la restitución del tratado de extradición en enero de 2026.

El “narcovideo”, según coinciden los investigadores, se convirtió en un punto de quiebre que evidenció la fragilidad institucional del país y dejó una huella profunda en la relación entre política, justicia y crimen organizado en Honduras.