Oficializan supresión de varias dependencias estatales
La norma publicada consolida el avance de un plan gubernamental que, según sus promotores, busca hacer más eficiente el aparato del Estado en un contexto de presiones fiscales y demandas de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
2 de marzo de 2026
El Gobierno de Honduras publicó en el Diario Oficial La Gaceta un decreto ejecutivo que formaliza la supresión de múltiples instituciones públicas, dentro de un amplio plan de reorganización administrativa diseñado por la administración del presidente Nasry Asfura para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del Estado.
La medida, respaldada por la reforma a la Ley General de la Administración Pública, faculta al Ejecutivo para eliminar, fusionar o modificar secretarías y programas del sector estatal con el objetivo de optimizar la estructura gubernamental y disminuir la duplicación de funciones, según los considerandos del decreto.
Entre las dependencias que quedaron oficialmente abolidas están, entre otras, la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), así como el Programa Red Solidaria, todos ellos desligados de la administración central al entrar en vigor la normativa publicada.
Las funciones, proyectos y bienes de estas entidades serán reasignados o integrados a otras secretarías y estructuras del Ejecutivo, en lo que el Gobierno plantea como una racionalización de funciones para destinar recursos a áreas prioritarias, como infraestructura, servicios públicos y políticas sociales.
El decreto también establece los procedimientos de liquidación administrativa y presupuestaria para las dependencias suprimidas, incluyendo aspectos relacionados con contratos y activos.
La publicación en La Gaceta marca uno de los pasos más importantes de la actual gestión hacia la “modernización del Estado”, en palabras de funcionarios que han promovido el ajuste.
Según el Ejecutivo, la reestructuración permitirá eliminar redundancias, bajar gastos operativos innecesarios y concentrar capacidades en instituciones clave, respondiendo así a retos financieros y de gestión pública.
Sin embargo, estos cambios también han generado debate en sectores de la sociedad civil y expertos, que insisten en que la supresión de instituciones debe acompañarse de criterios técnicos sólidos y respeto al debido proceso, particularmente en lo relativo al traslado o desligamiento de personal y el cumplimiento de derechos laborales para evitar conflictos futuros.
La norma publicada consolida el avance de un plan gubernamental que, según sus promotores, busca hacer más eficiente el aparato del Estado en un contexto de presiones fiscales y demandas de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, mientras que críticos llaman a garantizar que la reorganización no merme capacidades institucionales esenciales para la prestación de servicios a la ciudadanía.
