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El proceso electoral, ya en su fase final, entró en una etapa decisiva con la sesión virtual del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), desarrollada en modo conferencia con la participación de los tres magistrados del organismo, en este caso Ana Paola Hall, Cossete López y Marlon Ochoa. Dicha convocatoria para muchos era un posible indicativo de una declaratoria para definir el ganador de la presente contienda electoral, pero esto para la población se quedó a deber.

El encuentro tenía como propósito informar sobre el cierre del ciclo, la consolidación del escrutinio, el procesamiento de actas, la trazabilidad de la transmisión de resultados y las garantías implementadas para blindar la etapa de certificación. En su exposición conjunta, los magistrados subrayaron que los sistemas de verificación, auditorías técnicas y observación nacional e internacional han acompañado cada hito del cronograma oficial, asegurando según su postura que no existen elementos que invaliden los resultados en ninguna de las fases cumplidas hasta el momento.

La sesión, sin embargo, fue marcada por la intervención del consejero Marlon Ochoa, quien denunció inconsistencias que, a su juicio, constituyen una ruptura al principio de legalidad en el nivel electivo presidencial. Ochoa realizó una extensa narración de hechos, señalando presuntas alteraciones en la cadena de custodia documental, decisiones administrativas que habrían afectado la pureza del escrutinio, asimetrías en el tratamiento de reclamos interpuestos por los partidos, así como una supuesta omisión de procedimientos obligatorios en la fase de validación final de resultados.

En su argumento, sostuvo que estas actuaciones podrían encajar en ilícitos penales tipificados en la ley hondureña, advirtiendo que la declaratoria presidencial no puede ser firmada sin antes despejar de manera exhaustiva y pública las dudas sobre el debido proceso, la integridad de los datos y la legitimidad de los acuerdos adoptados internamente.

“No puedo ser parte ni participar en un acto que constituye un delito”, expresó Ochoa, dejando constancia de su separación de la firma de la declaratoria presidencial y aclarando que su postura responde a un deber de responsabilidad legal y no a un posicionamiento partidario.

El consejero enfatizó que avalar un documento que según él nace de procedimientos irregulares, lo expondría a responsabilidad por acción u omisión en un hecho contrario a la ley. En su declaración, añadió que su disenso debe ser entendido como un mecanismo de alerta institucional, un precedente de integridad personal en el ejercicio del cargo y una forma de proteger la función pública ante eventuales señalamientos futuros.

También instó a que el debate no se reduzca a una narrativa de conflicto político, sino que sea abordado desde la óptica jurídica, técnica y procedimental, con peritajes independientes, revisión comparada de actas, publicación de hallazgos y explicaciones claras sobre los puntos denunciados.

Ante los cuestionamientos, los magistrados del CNE reafirmaron que el proceso ha sido conducido conforme a la Constitución y a la Ley Electoral, recordando que todas las actuaciones de cierre se documentan en actas oficiales, cuentan con mecanismos de impugnación habilitados y han sido acompañadas por observadores acreditados.

No obstante, la decisión de Ochoa de apartarse introduce una tensión inédita en la etapa más crítica del ciclo, abriendo un debate público sobre los límites de la colegialidad, el peso legal de las declaratorias firmadas por mayoría, la autonomía de criterio de cada consejero y el alcance de la responsabilidad penal de las autoridades electorales.

Mientras el país se aproxima a la declaratoria definitiva, el episodio deja sobre la mesa preguntas fundamentales sobre gobernanza interna, confianza pública y la necesidad de fortalecer candados que eviten que la fase final de un proceso electoral pilar de la democracia sea también la más vulnerable a la confrontación, la desconfianza y los señalamientos de ilegalidad.