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La entrada en vigencia de la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro abre una nueva fase para el sector agropecuario de Honduras, al establecer herramientas destinadas a reducir la presión económica que enfrentan miles de productores y facilitar la continuidad de sus operaciones.

La normativa quedó formalizada mediante la publicación del Decreto No. 128-2026 en el diario oficial La Gaceta, con disposiciones enfocadas en mejorar las condiciones de financiamiento, ampliar la protección ante riesgos y brindar alternativas a quienes mantienen compromisos pendientes con instituciones crediticias.

Durante los últimos años, los productores hondureños han enfrentado un escenario complicado debido a factores como fenómenos climáticos extremos, aumento en los costos de insumos, mayores gastos de transporte y dificultades para obtener financiamiento en condiciones favorables.

Ante esta situación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) promovió esta legislación como una respuesta para fortalecer la estabilidad económica del campo y generar mecanismos que permitan a los productores mantenerse activos.

Uno de los puntos principales de la nueva ley es la posibilidad de reestructurar obligaciones financieras con plazos de hasta 15 años, una medida que busca reducir la carga inmediata de los productores y darles mayor margen para recuperar sus ingresos.

El beneficio contempla a distintos sectores vinculados a la producción nacional, incluyendo productores agropecuarios, organizaciones campesinas, arroceros, salineros y pequeños y medianos productores camaroneros que tengan créditos en mora o pagos atrasados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, señaló que la normativa representa una oportunidad para que los productores puedan acceder a soluciones financieras adaptadas a las condiciones actuales del sector.

La ley también incorpora un esquema de seguro agropecuario orientado a proteger a los productores frente a pérdidas provocadas por eventos climáticos y otros riesgos que afectan las cosechas y actividades productivas.

Para impulsar este mecanismo, el Gobierno destinará 100 millones de lempiras para subsidiar hasta el 80 % del valor de las primas, con el objetivo de facilitar que más agricultores y ganaderos puedan contar con una cobertura ante posibles daños.

Además del componente financiero, la nueva legislación forma parte de una estrategia que incluye apoyo técnico, acceso a mercados, garantías crediticias e inversiones destinadas a mejorar la infraestructura productiva, como los sistemas de riego.

Las autoridades consideran que estas acciones permitirán aumentar la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a los cambios económicos y ambientales, mientras se busca impulsar una producción nacional más sostenible.

Con la aplicación del Decreto No. 128-2026, los productores disponen ahora de nuevos instrumentos para reorganizar sus compromisos, proteger sus actividades y contribuir al crecimiento del agro hondureño.