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El caso refleja el resurgimiento de prácticas severas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en EEUU, reviviendo políticas impulsadas durante el mandato de Donald Trump, como el uso de sanciones económicas contra inmigrantes que no acaten órdenes de deportación.

La situación genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, pues pone de relieve el impacto desproporcionado de estas medidas en personas con fuertes lazos familiares y comunitarios dentro del país.

Una inmigrante hondureña residente en Estados Unidos desde hace tres décadas enfrenta una multa de 1.821.350 dólares por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de no haber acatado una orden de deportación emitida en su contra en abril de 2005.

La mujer, de 41 años y madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, vive en Florida y recibió el 9 de mayo de 2025 la notificación del cobro emitido por el Departamento de Multas Civiles de ICE. La sanción se enmarca en una política revivida por el expresidente Donald Trump durante su administración, la cual buscaba presionar a migrantes indocumentados a salir voluntariamente del país mediante multas económicas onerosas.

Según el reporte, la inmigrante había vuelto a llamar la atención de las autoridades al presentar el año pasado una moción para reabrir su caso legal bajo la conocida "Ley de los 10 Años" o "Cancelación de Deportación". Esta legislación permite frenar un proceso de expulsión si el inmigrante ha vivido al menos una década en EE.UU., demuestra buen carácter moral y si su deportación causaría un perjuicio extremo a familiares ciudadanos estadounidenses.

Michelle Sánchez, abogada de inmigración que representa a la mujer, declaró que su clienta cumple con todos los requisitos estipulados en la ley. Además, subrayó que la imposición de una multa tan elevada es desproporcionada y afecta a una madre de familia que ha contribuido a su comunidad por años.

Esta medida no es un caso aislado. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), ICE utilizó multas civiles como herramienta de presión contra inmigrantes que se negaban a abandonar el país, incluso en casos en que se refugiaban en iglesias u otros lugares considerados "santuarios". Un ejemplo emblemático fue el de la mexicana Edith Espinal, quien en 2019 enfrentó una multa de casi medio millón de dólares por una situación similar, aunque la sanción fue cancelada tras una batalla legal.

El caso de la hondureña vuelve a encender el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y las consecuencias humanas y legales que enfrentan miles de personas que han hecho su vida en el país pese a no contar con un estatus migratorio regular. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denuncian que este tipo de sanciones buscan castigar con dureza a quienes intentan regularizar su situación, incluso cuando cumplen con los requisitos legales para permanecer en el país.