MP presenta requerimiento por fraude en contratación de empresa de transporte electoral
El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), presentó este lunes un requerimiento fiscal por contratación fraudulenta en el transporte de material electoral, lo que representó un perjuicio de 64.7 millones de lempiras y puso en riesgo el proceso democrático del pasado 9 de marzo.
1 de abril de 2025
El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), presentó este lunes un requerimiento fiscal por contratación fraudulenta en el transporte de material electoral, lo que representó un perjuicio de 64.7 millones de lempiras y puso en riesgo el proceso democrático del pasado 9 de marzo.
Entre los acusados se encuentran Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE); Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora del CNE. Se les imputa la presunta comisión de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, se acusa por fraude a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., compañía que recibió el contrato millonario sin contar con la flota vehicular ni la capacidad técnica necesarias para el traslado seguro del material electoral.
Las investigaciones revelan que el contrato, firmado el 7 de marzo de 2025, dos días antes de las elecciones primarias, excedió en más de 21 millones de lempiras el presupuesto original. La Comisión Evaluadora del CNE omitió declarar fracasado el proceso pese a las irregularidades evidentes, lo que sugiere una posible colusión entre funcionarios y contratistas.
Además, se constató que el uso de buses de transporte de pasajeros para trasladar material electoral no estaba contemplado en los pliegos de condiciones, por lo que su empleo en el proceso fue indebido. A pesar de ello, la Comisión Evaluadora certificó falsamente que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y contaba con la flota necesaria, cuando en realidad, según registros de la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP), solo disponía de diez cabezales y dos camiones.
El Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar la responsabilidad penal de los involucrados, mientras que el caso ha generado un fuerte debate sobre la transparencia y la gestión de los recursos en el proceso electoral.
