MP indaga presunto tráfico de credenciales en San Antonio de Flores
La Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) mantiene una presencia activa en San Antonio de Flores, El Paraíso, donde se investiga un posible caso de tráfico de credenciales en el marco de la repetición de los comicios suspendidos el pasado 30 de noviembre.
8 de diciembre de 2025
La Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) mantiene una presencia activa en San Antonio de Flores, El Paraíso, donde se investiga un posible caso de tráfico de credenciales en el marco de la repetición de los comicios suspendidos el pasado 30 de noviembre.
La supervisión está a cargo del fiscal José Luis Cuadra, quien junto a un equipo de fiscales y agentes de investigación recorre las mesas de votación para prevenir irregularidades y garantizar que la jornada transcurra con normalidad.
La repetición del proceso fue habilitada luego de que el Consejo Nacional Electoral aplicara el artículo 281 de la Ley Electoral, que permite repetir elecciones en un plazo máximo de diez días cuando circunstancias imprevistas imposibilitan su realización.
Cuadra detalló que la Fiscalía recibió de manera oficiosa una denuncia relacionada con la suspensión de los comicios en noviembre.
Según las investigaciones preliminares, dos personas habrían obstaculizado la instalación de las Juntas Receptoras de Votos, lo que podría constituir un delito electoral castigado con penas de cuatro a seis años de prisión si se confirma que hubo intención dolosa.
El fiscal explicó que la labor del MP se centra en delitos electorales, mientras que las faltas y desacuerdos administrativos corresponden a las instancias electorales municipales y departamentales.
Añadió que el objetivo es evitar nuevas violaciones a la ley y asegurar que la repetición del proceso se desarrolle en paz.
Hasta ahora, la votación se ha realizado sin incidentes. Los fiscales reportan un ambiente ordenado, con atención preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad. Los candidatos y sus suplentes han acompañado a los electores, dentro de los límites legales.
Cuadra también aclaró que la presencia de fuerzas policiales y militares en el municipio es exclusivamente preventiva y no busca intimidar a los votantes.
El fiscal reveló que las dos personas señaladas por impedir la celebración de los comicios alegaron que las credenciales habrían sido acaparadas por un solo partido político.
De confirmarse esta acusación como un acto doloso, los implicados podrían enfrentar penas de dos a cuatro años de prisión por delitos vinculados al tráfico o manipulación indebida de acreditaciones electorales.
Las autoridades continúan profundizando en la investigación para determinar si existió responsabilidad penal y garantizar que los resultados finales del proceso se sumen de manera transparente a los ya procesados por el Consejo Nacional Electoral.
