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El Ministerio Público (MP) realizó este miércoles un operativo de secuestro de documentos en las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP), como parte de una investigación en curso por presuntos actos de corrupción relacionados con el extinto fideicomiso SITEC-IP, administrado anteriormente por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

Según informó el propio Instituto de la Propiedad mediante un comunicado oficial, la acción del MP responde a una solicitud de nueva documentación para avanzar en las diligencias iniciadas a raíz de un informe presentado por la Comisión Interventora, tras asumir funciones en la institución.

El informe entregado a las autoridades incluye evidencia de múltiples irregularidades en la administración del fideicomiso durante el período 2022-2024. Entre los hallazgos más relevantes se identificaron:

Contratación irregular de ONG y fundaciones mediante convenios modificados fuera del periodo de vigencia del fideicomiso.

Ampliaciones y modificaciones de contratos llave en mano sin justificación técnica ni legal, que alteraron el objeto y beneficiarios de los proyectos.

Firma de contratos posteriores a la derogación legal del fideicomiso, la cual fue efectiva mediante el Decreto Legislativo No. 66-2022.

Simulación de procesos de contratación de personal, con convenios no contemplados en el presupuesto institucional.

Proyectos de vivienda social inconclusos e inhabitables, financiados con fondos públicos destinados a poblaciones vulnerables, como damnificados por los huracanes ETA e IOTA.

Desembolsos millonarios a fundaciones por medio de convenios simulados, encubriendo fallas de constructoras en la ejecución de viviendas.

Compromisos financieros sin respaldo legal, que hoy generan demandas por parte de contratistas sin evidencia documental que respalde los pagos.

El Instituto de la Propiedad aclaró que no puede asumir compromisos económicos que carezcan de respaldo legal y documental, y reafirmó su disposición de colaborar con el Ministerio Público para que se identifiquen y sancionen a los responsables.

La actual administración subrayó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la recuperación de la confianza ciudadana, elementos fundamentales para depurar responsabilidades y avanzar hacia una gestión pública honesta.