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MP amplía investigación sobre fondos de SEDESOL

En esta nueva etapa, el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la realización de diligencias prejudiciales, entre ellas la juramentación de un perito y otras actuaciones destinadas a recopilar y contrastar información relacionada con los fondos bajo revisión.

1 de octubre de 2026

El Ministerio Público abrió una nueva línea de investigación relacionada con el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en diligencias que incluyen a varios diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y a exfuncionarios de esa institución. Entre los mencionados figuran Luz Angélica Smith y Edgardo Casaña, mientras las pesquisas buscan establecer si hubo irregularidades en la administración y justificación de fondos públicos.

 

La investigación forma parte de las distintas líneas que el Ministerio Público desarrolla alrededor del manejo de recursos de SEDESOL durante la administración anterior. El expediente incluye posibles delitos relacionados con la violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública, aunque las diligencias se encuentran en una etapa investigativa y no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad penal.

 

En esta nueva etapa, el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la realización de diligencias prejudiciales, entre ellas la juramentación de un perito y otras actuaciones destinadas a recopilar y contrastar información relacionada con los fondos bajo revisión. Parte de las actuaciones se mantiene bajo secretividad mientras avanzan las pesquisas.

 

De acuerdo con la información conocida, además de Smith y Casaña, aparecen en el expediente Betty Elizabeth Rivera Martínez, Ivin Janet Fonseca Trejo y Samuel Duarte Alvarado. También son mencionados los exfuncionarios de SEDESOL José Carlos Cardona Erazo y Rosy Yanira Martínez González.

 

La investigación pretende establecer cómo fueron gestionados determinados recursos destinados a programas de asistencia social y cuál fue la participación de las personas incorporadas a esta línea investigativa. Para ello, el Ministerio Público busca apoyarse en análisis documentales y periciales que permitan contrastar la información contenida en los expedientes administrativos.

 

Una de las líneas que se revisan está relacionada con solicitudes de ayudas, listados de beneficiarios, emisión de cheques y documentación utilizada para respaldar las entregas. Las autoridades también buscan determinar si las obras o beneficios reportados fueron efectivamente ejecutados y si los fondos fueron debidamente liquidados.

 

El diputado Edgardo Casaña manifestó que está dispuesto a comparecer ante las autoridades y conocer el contenido de las diligencias. Según explicó, su participación consistía en gestionar solicitudes y trasladar listados de personas que requerían asistencia, mientras correspondía a SEDESOL realizar las entregas y los procesos administrativos relacionados.

 

Casaña sostuvo además que no recibió directamente recursos de la Secretaría y señaló que está dispuesto a presentar la documentación que le sea requerida. Mientras tanto, representantes legales de algunos de los mencionados ya han buscado personarse en el proceso para conocer formalmente los detalles de la investigación y ejercer las acciones correspondientes.

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