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El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, se pronunció públicamente tras conocerse la cancelación de su visa estadounidense por parte del Departamento de Estado, reacción que aprovechó para advertir sobre presiones políticas, amenazas personales y lo que calificó como intentos de injerencia extranjera en el proceso electoral hondureño.

A través de un extenso mensaje divulgado en la red social X, Morazán rechazó de forma categórica lo que consideró injurias, intimidaciones y acciones orientadas a limitar la independencia de los jueces electorales. Señaló que este tipo de conductas constituyen un atentado directo contra el Estado de derecho, la autonomía de la judicatura y la soberanía popular, en un momento especialmente delicado para la democracia del país.

El magistrado sostuvo que los jueces electorales están obligados a actuar exclusivamente conforme a la Constitución, los tratados internacionales y la ley, sin ceder ante presiones internas ni externas.

En ese sentido, aseguró que su compromiso es garantizar a la ciudadanía y a los actores políticos que los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre sean transparentes, verificables y fieles a la voluntad popular.

Morazán también denunció haber sido objeto de amenazas de cárcel, junto a otros funcionarios electorales, por parte de una figura política nacional. Según explicó, dichas advertencias habrían sido acompañadas de referencias a un supuesto uso de las Fuerzas Armadas, lo que a su juicio constituye una forma de presión indebida disfrazada de defensa constitucional.

El magistrado rechazó además versiones que lo acusan de ausentarse de sesiones del pleno del TJE, calificándolas de falsas narrativas. Aclaró que no ha dejado de cumplir con sus funciones y que su negativa a participar en determinadas sesiones respondió, según dijo, a intentos de realizar actos contrarios a la ley. Agregó que su postura firme frente a presuntos abusos de autoridad y al uso irregular de recursos públicos ha generado incomodidad en sectores con intereses particulares.

En relación con la cancelación de su visa, Morazán afirmó que, aunque se trate de una decisión administrativa de otro país, esta adquiere una dimensión política al producirse en medio de la crisis postelectoral. Consideró que la medida, difundida públicamente por autoridades de política exterior, representa un acto de presión que vulnera la independencia judicial y busca influir en asuntos internos de Honduras, incluso en escenarios multilaterales como la Organización de Estados Americanos.

El magistrado reiteró su compromiso de imparcialidad con todos los candidatos y partidos políticos, asegurando que ninguna presión influirá en sus decisiones.

Afirmó que, de no poder resistir injerencias de cualquier poder político, fáctico o extranjero, renunciaría de manera irrevocable a su cargo, al considerar que un juez no puede actuar bajo miedo o coerción.

Finalmente, Morazán expresó su preocupación por la lentitud del Consejo Nacional Electoral en resolver nulidades e impugnaciones. Señaló que, a más de tres semanas de celebrados los comicios, el TJE no ha recibido ninguna causa jurisdiccional, situación que atribuyó a la falta de resoluciones oportunas del CNE.

Advirtió que este retraso podría afectar derechos legítimos de las partes y complicar el calendario institucional, tomando en cuenta que los funcionarios electos deberán asumir sus cargos en pocas semanas. El magistrado cerró su pronunciamiento afirmando que no cederá ante intereses particulares y subrayó que, para él, la dignidad y la justicia no están sujetas a negociación.